Cumbre protección de menores

El jueves 21 de febrero arrancó, en Roma, la cumbre sobre la protección de menores, en la Iglesia. Esta reunión concentró un total de 190 personas, entre las que se encontraban 114 Obispos, presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, además de unos 14 líderes de Iglesias orientales, 12 superiores de órdenes religiosas y 10 superioras de órdenes religiosas femeninas.

Esta iniciativa, considerada hasta ahora como una de las más ambiciosas para enfrentar la crisis de la pederastia clerical, se llevó a cabo, apenas cinco días después de que la Congregación para la Doctrina de la fe, diera a conocer la condena del ex cardenal McCarrick, a causa de los abusos sexuales a menores y adultos, con agravante de abuso de poder.

Cabe recordar que la convocatoria para esta cumbre de febrero fue lanzada por el papa Francisco, el 10 de septiembre de 2018, luego de encontrarse con el Consejo de cardenales o C-9 que colabora con él en la reforma de la Curia. En esta misma ocasión, los cardenales expresaron su solidaridad con el Papa, ante las acusaciones publicadas en su contra por Mons. Carlo Maria Viganò, el 25 de agosto. El ex nuncio en Estados Unidos sostenía que diversos sacerdotes, obispos, cardenales e incluso el Papa conocían de los abusos del ex cardenal Theodore McCarrick y que, pese a ello, actuaron negligentemente o lo encubrieron.

Sin embargo, ya el 20 de junio, el Cardenal secretario de Estado, Pietro Parolini había prohibido a McCarrick ejercer públicamente el ministerio. Esta restricción le fue impuesta luego de que, una investigación realizada por la Arquidiócesis de Nueva York, encontrara, como “creíble y comprobada”, una acusación de abuso sexual contra un menor. Posteriormente, el 28 de julio, el papa Francisco aceptó la renuncia de McCarrick al colegio de cardenales.

Finalmente, apenas cinco días antes de que iniciara la esperada cumbre, el 16 de febrero, la Congregación para la Doctrina de la fe comunicó que, el 11 de enero de este 2019, fue emitido el decreto conclusivo del proceso penal contra Theodore Edgar McCarrick, Arzobispo Emérito de Washington, D.C. El acusado fue declarado culpable a causa de los delitos de insinuaciones en la confesión y violación del sexto mandamiento del Decálogo con menores y adultos, con el agravante de abuso de poder.

La sentencia por la que a McCarrick le fue impuesta la pena de la dimisión del estado clerical aclara bien que no sólo fue castigado por el abuso sexual de menores, sino también por el abuso de poder en la práctica sexual con adultos. Aun cuando se trata de personas mayores, el ex cardenal se hizo merecedor de la pena máxima para un clérigo, no sólo por la naturaleza pecaminosa de su conducta sexual, sino más precisamente, por haber abusado de su autoridad para dicho fin.

La condena del Arzobispo emérito, deja en claro que el reto al que se enfrentan ahora el Papa, los Obispos y los demás superiores que se reunieron en Roma, no es simplemente el de aplicar una clara y definida “tolerancia cero” para perseguir y castigar el abuso sexual. El desafío consiste, más bien, en ser intolerantes con cualquier abuso de poder.

Todo esfuerzo por prevenir el abominable abuso sexual de menores estará destinado al fracaso, mientras no se caiga en la cuenta de que todo abuso de poder, en la Iglesia, se orienta ya, natural y potencialmente, al extremo de transgredir y violentar a los más débiles. La minoría de edad, la incapacidad física y la sexualidad conforman la condición más radical de la vulnerabilidad humana. Se trata de tres aspectos que expresan el límite que puede traspasar todo aquel que usa arbitrariamente de su autoridad.

Para combatir eficazmente la plaga del abuso sexual de menores que tanto ha enfermado la vitalidad de la Iglesia, es preciso desterrar su más honda raíz que no es otra que el abuso de poder. Todo aquel que, en el ejercicio de su autoridad, Obispo, sacerdote o superior actúa arbitrariamente promueve una anarquía que lesiona gravemente el saludable orden que debe garantizar cualquier auténtica jerarquía. Esto significa, en pocas palabras, que todo delito es, siempre y en esencia, una forma de abuso.

Por ello, cabe recordar ahora que el mismo 12 de septiembre, día en que concluyó la reunión del Consejo de Cardenales, donde se gestó la idea de la pasada cumbre contra el abuso sexual de menores, la sala de prensa de la Santa Sede dio a conocer una noticia, poco ordinaria. El Papa Francisco aceptaba la renuncia del Obispo de Formosa (Brasil), Mons. José Ronaldo Ribeiro, quien había sido acusado, junto a otros cinco sacerdotes, de malversar fondos de la Iglesia, en marzo de 2018.

Extraña que otros medios de información hayan dado poca cobertura a la noticia del desvío que un Obispo y varios sacerdotes hicieron de 600 mil dólares, para comprar una hacienda de ganado y una casa de loterías. La noticia es más escandalosa porque se trataba de una suma proveniente de los diezmos, donaciones, así como de estipendios por bautismos y matrimonios de las parroquias de la diócesis.

No hay que olvidar que la prensa y otros medios han jugado un papel fundamental en la reivindicación de las víctimas del abuso sexual. Baste tener presente que la investigación, realizada por el reconocido diario “The Boston Globe” y publicada en 2002, fue decisiva para que la jerarquía de la Iglesia tomara conciencia de la gravedad de la crisis y reaccionara debidamente. Por tanto, para que la cumbre convocada por Francisco, no sea simplemente “un lavado de imagen”, como algunos denuncian, es preciso que cada uno de nosotros, así como los distintos actores sociales, medios de comunicación, empresarios, políticos y analistas nos comprometamos en la generación y protección de una cultura que sea intolerante frente a cualquier forma de abuso.