Líneas guía para investigar denuncias por abuso sexual de menores

Actualizadas en atención a la Carta Apostólica dictada en forma de “Motu proprio” por el S.P. Francisco “Vos estis lux mundi” – Noviembre de 2021

Preámbulo.

Atendiendo a la Carta del Santo Padre Francisco a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores y el Subsidio para las Conferencias Episcopales de 2011, la Carta del Santo Padre Francisco a los Presidentes de las Conferencias Episcopales y a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica acerca de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores de 2015. Y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Derecho Canónico (CIC) incluida la reforma del Libro VI de 2021; las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su versión enmendada en 2010, con el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, las innovaciones aportadas por los Rescripta ex Audientia del 3 y 6 de diciembre de 2019; el motu proprio Vos estis lux mundi; la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Vademécum Sobre Algunas Cuestiones Procesales ante los Casos de Abuso Sexual a Menores cometidos por Clérigos de 16 de julio de 2020, los Obispos de Bolivia consideraron y definieron la actualización del presente documento, titulado “LÍNEAS GUÍA PARA INVESTIGAR DENUNCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL DE MENORES”, proporcionando el marco normativo general en Bolivia y los procedimientos a seguir ante este gravísimo pecado para la conciencia y la moral cristiana, con el fin de prevenir conductas delictuosas y actuar frente a hechos que hubiesen sucedido, tanto en el ámbito del derecho penal secular, como el canónico.

I. Delimitación del Delito.

1. El “abuso sexual”, definición dada en el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, constituye un delito grave “delictum gravius”, y se refiere a todo pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor (cf. can. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1° SST).

2. La tipología del delito es muy amplia y puede abarcar, por ejemplo, relaciones sexuales — consentidas o no consentidas—, contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y/o propuestas de carácter sexual incluso mediante medios de comunicación.

3. El alcance de edad, para entender quiénes son “Menores”, ha variado en el tiempo, hasta el 30 de abril de 2001 se consideraba menor a una persona con menos de 16 años y cuando se promulgó el motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, la edad se elevó universalmente a 18 años, siendo la edad actualmente vigente. Estas variaciones deben tomarse en cuenta a la hora de precisar si el “menor” lo era efectivamente según la calificación de la ley en vigor cuando sucedieron los hechos. El grado de madurez sexual no influye en la definición canónica del delito (para las ciencias psicológicas se diferencia entre actos de “pedofilia” y actos de “efebofilia”, o sea adolescentes que ya han salido de la pubertad; sin embargo para el derecho canónico no se considera esta distinción).

4. El motu proprio SST ha establecido que al menor se equiparan las personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón (cf. art. 6 § 1, 1° SST). Respecto al uso de la expresión “adulto vulnerable”, se entiende a «cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa» (cf. art. 1 § 2, b VELM).

5. Es importante mencionar que la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se mantiene circunscrita solo para los casos de menores de 18 años, y para los casos de aquellos que “habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón”. Cualquier otro tipo delictivo que no entre en los casos mencionados deberán ser tratados por los Dicasterios competentes (cf. art. 7 § 1 VELM).

6. El Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” – SST introdujo (cf. art. 6 § 1, 2° SST) tres nuevos delitos contra menores que se refieren a una tipología particular:

    • adquirir,
    • retener —incluso de forma temporal— y
    • divulgar imágenes pornográficas de menores de 14 años.

7. Desde el 1 de enero de 2020, se amplía el alcance del delito a la adquisición, retención y/o divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años, por parte de un clérigo con un fin libidinoso en cualquier forma y con cualquier instrumento. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe es competente cuando dichos delitos hayan sido cometidos por clérigos.

8. Desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2019 la adquisición, retención y la divulgación de material pornográfico que implique a meno res entre los 14 y los 18 años de edad y que hayan sido realizados por un clérigo o por un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica son delitos de competencia de otros Dicasterios (cf. arts. 1 y 7 VELM).

9. Debe tenerse en cuenta que estos tres delitos son canónicamente perseguibles sólo a partir de la entrada en vigor de SST, es decir desde el 21 de mayo de 2010. La producción de pornografía con menores, sin embargo, entra en la tipología de delito indicada en los nn. 1-4 del Vademécum sobre algunas Cuestiones Procesales ante los Casos de Abuso Sexual a Menores cometidos por Clérigos, aprobado por su S.S. Francisco, en fecha 16 de julio de 2020 y, en consecuencia, se debe perseguir antes de tal fecha.

10. En la Carta Apostólica aprobada en forma de “Motu proprio” del Sumo Pontífice Francisco “Vos estis lux mundi” –VELM- de 9 de mayo de 2019, Art. 1 §2. Se delimitan con mayor precisión algunas definiciones:

    •   «menor»: cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años o legalmente equiparada a ella;
    •  «persona vulnerable»: cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa;
    • «material pornográfico infantil»: cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente sexuales.

11. Para el derecho de los religiosos de la Iglesia latina (cf. can. 695 y ss. CIC), el delito de adquirir imágenes pornográficas de menores de 14 años puede suponer también la expulsión del instituto religioso, debiendo tomarse en cuenta que:

    • tal expulsión no es una pena, sino un acto administrativo del moderador supremo;
    • para decretarla, se debe observar escrupulosamente el procedimiento descrito en los cann. 695 § 2, 699 y 700 CIC;
    • la confirmación según el can. 700 CIC del decreto de expulsión deberá solicitarse a la CDF;
    •  la expulsión del instituto supone la pérdida de la incorporación al instituto y el cese de los votos, de las obligaciones provenientes de la profesión (cf. can. 701 CIC), y la prohibición de ejercer el orden recibido hasta que no se hayan verificado las condiciones expresadas en el can. 701 CIC.

12. Las mismas reglas se aplican, con los debidos ajustes, a los miembros incorporados de forma definitiva a las sociedades de vida apostólica (cf. can. 746 CIC).

13. A los sacerdotes que han fallado a su compromiso y han abusado de menores, hay que exigirles hacer un examen de conciencia personal y a responder de sus actos delante de Dios, de sus superiores y de la sociedad. Como dice el Papa Benedicto XVI: “La justicia de Dios nos llama a dar cuenta de nuestras acciones sin ocultar nada. Admitan abiertamente su culpa, sometiéndose a las exigencias de la justicia, pero no desesperen de la misericordia de Dios” (cfr. Carta a los Católicos de Irlanda, 7).

14. Los Obispos de Bolivia reafirman su compromiso, deseo y obligación, basados en la misión y enseñanza del Maestro, en cuyo nombre sirven, proteger a los menores y vitar el abuso sexual. Por esta razón, movidos por el amor a la Iglesia, a la Sma. Virgen, asumen el compromiso de hacer lo necesario para evitar los males que provienen de las graves faltas relacionadas al sexto mandamiento del Decálogo, que ofenden a Dios, causan un grave daño a la unidad de la Iglesia y al Pueblo de Dios.

 

II. Responsabilidad de las autoridades eclesiásticas.

Responsabilidad de los Obispos y de los Superiores Mayores sobre la Investigación y Sanción de los delitos cometidos en contra del Sexto Mandamiento.

Responsabilidad frente al Deber de Juzgamiento.

15. La Carta Apostólica en forma de Motu Proprio VELM, Art. 1 §1.b) establece responsabilidades frente a conductas llevadas a cabo por: Cardenales, Obispos y Legados del Romano Pontífice; clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una Iglesia particular o de una entidad a ella asimilada, incluidos los Ordinariatos personales, por los hechos cometidos durante su función; clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una Prelatura personal, por los hechos cometidos durante su mandato; aquellos que son o que han sido Moderadores supremos de Institutos de vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio, así como de los Monasterios sui iuris, por los hechos cometidos durante su mandato, que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados en la normativa vigente.

Responsabilidad frente a la atención de Denuncias.

16. La investigación requerida y la resolución de las denuncias contra un denunciado, constituye responsabilidad personal de la autoridad eclesiástica. Aunque otros puedan ayudar en la investigación y formular recomendaciones, es la autoridad eclesiástica competente la encargada de llevar la toma de decisiones.

17. En cuanto a las denuncias que involucran a sacerdotes y diáconos diocesanos, la autoridad eclesiástica competente es el Obispo diocesano. Sin embargo, el obispo puede nombrar una comisión conformada por presbíteros idóneos (cfr. can. 483, § 2), de buenas costumbres y reconocida prudencia, para que hagan la investigación preliminar. En dicha comisión pueden intervenir el Promotor de justicia y un Instructor designado por el Ordinario propio y el actuario para que ayude a levantar las actas de las actuaciones en la investigación (cfr. can. 1437). Según el Artículo 15 de las Normas sobre delitos más graves, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede conceder la dispensa del requisito del sacerdocio y también del requisito del doctorado en derecho canónico para los miembros de la comisión, sobre todo tratándose de proceso penales que hubiesen sido encomendados.

18. En cuanto a denuncias contra religiosos, ordenados o no, la autoridad eclesiástica competente es el Superior Mayor, tanto para los Institutos Religiosos Clericales de derecho pontificio, como para las Sociedades de Vida Apostólica de derecho pontificio.

19. Los casos de religiosos que no son sacerdotes ni diáconos –es decir hermanas, hermanos, o aquellos que se unieron al Instituto de Vida Consagrada, con la intención de convertirse en un miembro permanente-, pueden ser afrontados siguiendo las presentes Líneas Guía, pero tales actuaciones no serán enviadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Los superiores locales seguirán las instrucciones que reciban de sus superiores regionales, provinciales o generales. Estos emiten el decreto de apertura para la investigación, según la normativa de sus respectivos Institutos.

20. Para el caso de un Instituto de Vida Consagrada de derecho diocesano, el superior mayor es el Ordinario diocesano en cuyo caso se aplicaran están Líneas Guía, es decir, las de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

21. Las acusaciones sobre comportamiento delictivo, mala conducta profesional o delitos canónicos, contra cualquier sacerdote o religioso, afectan a toda la Iglesia. Si bien los Institutos de Vida consagrada tienen derecho a tener sus propias Líneas Guía para investigar las denuncias contra sus miembros, no obstante, los ordinarios y los superiores mayores deben tener en cuenta la importancia fundamental de adoptar un Protocolo uniforme para el clero y los religiosos en reacción con el abuso sexual de menores de edad y adultos vulnerables, tanto para la prevención como para el juzgamiento.

22. La autoridad eclesiástica debe ser imparcial y mostrar su imparcialidad en todo momento, sin omitir el derecho fundamental de presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Debe evitar que las partes perciban actitudes poco claras, que hagan presumir parcialidad o favorecimiento.

23. La autoridad eclesiástica o religiosa debe velar en todo momento por la atención y cuidado de la o las posibles víctimas y sus familias, así como por el o los denunciados, tomando medidas de prevención y protección, cuidando la transparencia, eficiencia y celeridad de las investigaciones.

Estructura.

24. La provisión se hará mediante COMISIONES asesoras en cada Diócesis.
25. En cada Diócesis: se procurará una Comisión de carácter permanente denominada Comisión Diocesana y una Comisión ad hoc denominada Comisión Investigadora.

26. La Comisión Diocesana la componen el delegado, el vice delegado y una persona de contacto, nombrados por el Obispo. Actúan bajo la dirección del delegado del Obispo, para los casos sobre denuncia de abuso sexual a menores o adultos vulnerables, que involucren a clérigos, o en su caso a religiosos o religiosas de derecho diocesano.

27. La Comisión Diocesana podrá contar con una subcomisión de consulta técnica, compuesta por sicólogos, abogados y otros profesionales, con el fin de asesorar a la Comisión y/o al Obispo sobre los delitos, así como el alcance canónico y secular.

28. La Comisión Investigadora se activa ante una denuncia formal o, una sospecha verosímil de una situación de esta naturaleza y tiene la tarea de iniciar una “investigación previa o preliminar” regida por los can. 1717 – 1719 del CIC y otras sobre la materia. La misma podrá estar compuesta por el delegado del Obispo como presidente y dos investigadores también nombrados por el Obispo para el caso concreto.

29. Si la Diócesis no tiene condiciones de constituir las comisiones mencionadas, los Obispos u Ordinarios, están obligados a establecer, al menos, la Comisión Diocesana o apoyarse en Ordinarios responsables de Diócesis cercanas o de la Metrópoli eclesiástica.

30. Esta Comisión idealmente debe contar con el apoyo de un equipo técnico interdisciplinar.

Composición de las Comisiones.

31. La Comisión Diocesana, compuesta por el Delegado, el Vice-delegado y la persona de contacto, deben ser presbíteros con trayectoria de buena conducta, que hayan mostrado madurez afectiva y sexual. Dotados con capacidad de escucha, prudencia, imparcialidad y sensibilidad hacia el dolor ajeno. Han de ser esencialmente personas de sano juicio y, de ser posible, con formación en Derecho Canónico.

32. Funciones del Delegado:

    • Recibir las denuncias que se presenten en la Diócesis, actuando a nombre del Ordinario, sea de la persona de contacto o de los mismos denunciantes;
    •  Comprueba de manera inmediata, si los datos presentados pueden entenderse como ciertos;
    • Informar por escrito el hecho, al Obispo o a quien gobierne la Diócesis, y solicita el Decretopara la instrucción de la causa.
    • Elaborar un registro sobre el caso denunciado, con datos generales del que denuncia y/o la víctima o víctimas del hecho, una copia, va al archivo secreto de la Diócesis, precautelando el derecho a la presunción de inocencia del denunciado;
    • Recibido el Decreto que le encomienda instruir una investigación preliminar y nombrados los investigadores (cfr. CIC, can.1717 – 1719), tiene como tarea:
    • Que las copias del mencionado decreto se pongan a disposición de la Comisión Investigadora, del denunciante, si lo hubiese, y del denunciado;
    • Que la investigación preliminar se lleve a cabo sin demora y respete el buen nombre del o los afectados (cf. CIC, canon 1717, §2);
    • Plantear las medidas cautelares que el caso aconseje, a fin de dar especial protección a la víctima, previniendo de manera especial la revictimización; prevenir con la mayor diligencia y responsabilidad que se afecte a otros menores o adultos vulnerables y cuidar que se respeten los derechos del denunciado.
    • Dependiendo de las características particulares de la denuncia o sospecha verosímil de un hecho de abuso sexual, como por ejemplo conocer el lugar donde se encuentra la posible víctima, sugerir al Obispo que la misma sea puesta en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o instancia símil que la normativa secular disponga a fin de que intervenga velando y protegiendo los derechos de menores o adultos vulnerables, cuidando de manera especial el no caer en un eventual encubrimiento, así como tampoco en exponer a un inocente al escarnio legal y moral.
    • Asesorar al Ordinario para considerar, en consulta con otros, si es oportuno hacer una declaración pública, cuando los medios de comunicación hayan hecho eco de las denuncias;
    • Que una asistencia adecuada y pastoral sea ofrecida a la víctima y su familia, al denunciante y al denunciado, así como a los fieles que puedan verse directamente afectados por la denuncia;
    • Asesorar al Ordinario si es conveniente retirar temporalmente al denunciado del ejercicio del Ministerio activo.

33. Función del Vice delegado:

    • Asistir de manera cercana al delegado y suplir las funciones mencionadas, en su ausencia. En los casos previstos en las Líneas Guía podrá cumplir las funciones que competen a la persona de contacto.

34. Función de la Persona de contacto:

    •  Se encarga de recibir la denuncia de personas sobre supuestos hechos de abuso sexual a menores o adultos vulnerables que involucran a clérigos, o eventualmente religiosos o religiosas. Recibida la denuncia informa de manera inmediata al delegado. Si la denuncia involucra al delegado informa directamente al propio Obispo.

35. La Comisión Investigadora se activa ante una denuncia formal o, una sospecha verosímil de una situación de esta naturaleza y tiene la tarea de iniciar una “investigación previa o preliminar” regida por los can. 1717 – 1719 del CIC y otras sobre la materia. La misma podrá estar compuesta por el delegado del Obispo como presidente y dos investigadores también nombrados por el Obispo para el caso concreto.

36. Función de los investigadores:

    • La Comisión Diocesana elaborará una lista de al menos cinco nombres de posibles investigadores, misma que presentará al Obispo para que él los nombre como investigadores. Así, recibida una denuncia o existiendo una sospecha verosímil de la existencia de un posible hecho, serán convocados para que investiguen, siempre en número de dos, además del delegado. Haciéndose cargo de la investigación preliminar, entrevistarán al denunciante (si éste no es la víctima); a la víctima si existieran las condiciones, cuidando siempre las disposiciones legales previstas para la protección de niño, niñas y adolescentes, así como para adultos vulnerables; al denunciado, y a toda persona que en calidad de testigo, puede proporcionar información sobre los casos denunciados. Contarán con el asesoramiento del equipo técnico interdisciplinar que actuará, si conviene, a instancia de la Comisión, para casos específicos (cfr. N° 2.1.4).

37. Función de las personas de apoyo:

    •  Son quienes en representación de la autoridad eclesiástica garantizan la asistencia a la víctima, su familia y al denunciado. Se debe designar una persona de apoyo para la víctima y otra para el denunciado y deben estar presentes cada vez que sus asistidos sean entrevistados, respetando siempre las disposiciones seculares sobre atención a menores y adultos vulnerables.

38. Las presentes Líneas Guía complementan sin sustituirlas las normas del Código de Derecho Canónico (CDC), las del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela en su texto ordenado del 21 de mayo de 2010 (SST 2010), la Carta Apostólica en forma de “Motu proprio” del Sumo Pontífice Francisco “Vos estis lux mundi” y otras sobre la materia. Los procedimientos allí indicados son imperativos, por lo que deben ser seguidos por todo Ordinario.

39. Estas Líneas Guía expresan el compromiso firme de obrar conforme a las Normas vigentes en la Iglesia. Todo Ordinario ha de tener presente que la omisión de la debida diligencia en esta materia — al igual que en otras— puede llegar, a su vez, a constituir un delito.

40. Todo Ordinario velará para que, en su jurisdicción, todos los fieles sepan a qué instancias deben acudir en el supuesto de tener conocimiento de la eventual comisión de los delitos a los que se refieren estas Líneas Guía. Preferentemente ha de tratarse de sacerdotes, destacados por su prudencia y experiencia, sentido de justicia y caridad, que han de recibir inexcusablemente dicha información fuera del sacramento de la Penitencia. Siempre que sea posible, se procurará que las denuncias se hagan por escrito y estén firmadas. Si esto no fuera posible, se recibirán verbalmente, en presencia

sea del notario de la Comisión Diocesana o de la Curia, o sea de otro testigo; se levantará un acta que llevará la firma del denunciante —excepto el caso de que se niegue a hacerlo—, la del Ordinario o su delegado, y también la del notario y/o testigo.

41. Puestas las informaciones de inmediato en conocimiento del Ordinario, si éste estima que las noticias son verosímiles y no manifiestamente falsas o superficiales, ordenará el inicio de la investigación denominada preliminar, inicial o previa (Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela). En cada caso se tomarán las medidas oportunas para salvaguardar la buena fama de todas las personas mencionadas en las denuncias (acusadores, acusado, testigos, etc.). Entre dichas medidas se debe observar la de guardar y solicitar a todos la más absoluta reserva.

III. Noticia de delito.

42. La notitia de delicto (cf. can. 1717 § 1 CIC; art. 16 SST; art. 3 VELM), que a veces se denomina notitia criminis, es toda información sobre un posible delito que llegue de cualquier modo al Ordinario. No es necesario que se trate de una denuncia formal.

43. Esta noticia puede, por tanto tener varias fuentes:

    •  ser presentada formalmente al Ordinario, de forma oral o escrita, por la presunta víctima, por sus tutores, por otras personas que sostienen estar informadas de los hechos;
    •  llegar al Ordinario en el ejercicio de su deber de vigilancia;
    •  ser presentada al Ordinario por las Autoridades civiles del Órgano judicial, del Ministerio Público, de la Policía o incluso autoridades administrativas;
    •  ser difundida por los medios de comunicación social, comprendidas las redes sociales;
    •  llegar a su conocimiento a través de rumores,
    • así como de cualquier otro modo adecuado.

44. A veces, la noticia de delito puede llegar de una fuente anónima, o sea de personas no identificadas o no identificables. El anonimato del denunciante no debe llevar a suponer automáticamente que la noticia sea falsa. Sin embargo, se debe tener la suficiente cautela al tomar en consideración este tipo de noticias, procurando un adecuado equilibrio en la administración de justicia.

45. Del mismo modo, no es aconsejable descartar a priori la notitia de delicto cuando proviene de fuentes cuya credibilidad pudiera parecer dudosa en una primera impresión.

46. Puede suceder que, la notitia de delicto no proporciona datos circunstanciados —nombres, lugares, tiempos, etc.; sin embargo aunque sea vaga e indeterminada debe ser evaluada adecuadamente y, dentro de lo posible, examinada con la debida atención.

47. Es necesario recordar que una noticia de delictum gravius adquirida en confesión está bajo el estrictísimo vínculo del sigilo sacramental (cf. can. 983 § 1 CIC; art. 4 § 1, 5° SST). Por tanto, el confesor que, durante la celebración del sacramento es informado de un delictum gravius, debe procurar convencer al penitente para que haga conocer la información por otros medios, para que quien tiene el deber de actuar, pueda hacerlo.

48. El ejercicio del deber de vigilancia del Ordinario no prevé continuos controles de investigación sobre los clérigos que tiene bajo su autoridad, pero tampoco da lugar a que se exima de estar informado sobre su conducta en ese ámbito, sobre todo si ha tenido conocimiento de sospechas, comportamientos escandalosos o conductas que perturban el orden.

Acciones que se deben adoptar cuando se recibe una notitia de delicto.

49. El art. 16 SST (cf. también los cann. 1717 CIC) dispone que, recibida una notitia de delicto, debe realizarse una investigación previa, siempre que la noticia de delito fuera verosímil. Si no tuviese fundamento, no es necesario dar curso a la noticia de delito; sin embargo, en ese caso, se requiere conservar la documentación cuidadosamente, junto a una nota en la que se indiquen las razones de esta decisión.

50. Incluso si no existe una obligación legal explícita, la Autoridad eclesiástica debe hacer conocer a las Autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos.

51. Considerado lo delicado de la materia —que proviene, por ejemplo, del hecho de que los pecados contra el sexto mandamiento del Decálogo raramente tienen lugar en presencia de testigos—, el juicio sobre la ausencia de la verosimilitud —que puede llevar a la omisión de la investigación previa— se emitirá sólo en el caso de que la imposibilidad manifiesta de proceder a tenor del Derecho Canónico: por ejemplo, si resulta que, en las fechas en las que se supone se perpetró el delito, la persona no era clérigo todavía; si es evidente que la presunta víctima no era menor; si es un hecho notorio que la persona señalada no podía estar presente en el lugar del delito en el momento en que habrían sucedido los hechos que se le imputan.

52. Sin embargo, incluso en estos casos, es aconsejable que el Ordinario comunique a la CDF la notitia de delicto y la decisión de no realizar la investigación previa por la falta manifiesta de verosimilitud.

53. En este caso debe tenerse presente que cuando se hayan verificado conductas impropias e imprudentes y se vea necesario proteger el bien común y evitar escándalos, aunque no haya existido un delito contra menores, compete al Ordinario hacer uso de otros procedimientos de tipo administrativo respecto a la persona denunciada —por ejemplo, limitaciones ministeriales— o imponerle los remedios penales recogidos en el can. 1339 CIC, con el fin de prevenir eventuales delitos (cf. can. 1312 § 3 CIC). Si además se han cometido delitos no graviora, el Ordinario debe hacer uso de las vías jurídicas adecuadas a las circunstancias.

54. Según el can. 1717 CIC, la investigación previa corresponde al Ordinario que ha recibido la notitia de delicto, o a otra persona idónea que él haya designado. La eventual omisión de este deber podría constituir un delito perseguible según lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico, en el motu proprio “Come una madre amorevole”, y en el art. 1 § 1, b VELM.

55. El Ordinario al que corresponde esa tarea puede ser el del clérigo denunciado o, si es diferente, el Ordinario del lugar donde se cometieron los presuntos delitos. En este caso, se comprende fácilmente que es oportuno que se active un canal de comunicación y de colaboración entre los distintos Ordinarios implicados, con el fin de evitar conflictos de competencia y duplicación de trabajo, sobre todo si el clérigo es un religioso.

56. Si un Ordinario encuentra problemas para comenzar o realizar la investigación previa, debe dirigirse sin demora a la CDF, para pedir consejo o para solucionar eventuales cuestiones.

57. Puede ser que la notitia de delicto haya llegado a la CDF sin pasar por el Ordinario. En ese caso, la CDF puede pedirle que realice la investigación, o, según el art. 17 SST, efectuarla ella misma.

58. La CDF, por iniciativa propia, por petición expresa o por necesidad, puede pedir también a un Ordinario distinto que realice la investigación previa.

59. La investigación previa canónica se debe realizar independientemente de la existencia de una investigación que corresponde a las Autoridades civiles. Sin embargo, si fuera necesario esperar que concluya la investigación civil para asumir los resultados o por otros motivos, es oportuno que el Ordinario consulte antes a la CDF sobre esta cuestión.

60. El trabajo de investigación debe realizarse respetando las leyes civiles vigentes en Bolivia (cf. art. 19 VELM).

 

IV. Fase preliminar: Investigación Previa.

61. La investigación previa se realiza según los criterios y las modalidades indicadas en el can. 1717 CIC, SST y VELM. Debe tenerse presente que la investigación previa no es un proceso, y que su finalidad no es alcanzar la certeza moral sobre el desarrollo de los hechos que son el objeto de la denuncia. Sirve para:

a) para recoger datos útiles que sirvan para profundizar la notitia de delicto; y

b) para acreditar la verosimilitud, o sea para definir lo que se denomina fumus delicti, es decir, el fundamento suficiente de hecho y de derecho que permita suponer verosímil el contenido de la denuncia.

62. Para esto, como indican los cánones citados, la investigación previa debe recoger información más detallada respecto a la notitia de delicto en relación a los hechos, las circunstancias y la imputabilidad de los mismos. No es necesario realizar ya en esta fase una recogida minuciosa de elementos de prueba —testimonios, pericias—, tarea que corresponderá después al eventual proceso penal que pueda realizarse posteriormente. Lo importante es reconstruir, en la medida de lo posible, los hechos sobre los que se fundamenta la imputación, el número y el tiempo de las conductas delictivas, sus circunstancias, los datos personales de las presuntas víctimas, añadiendo una evaluación preliminar del eventual daño físico, psíquico y moral acarreado. Se deberá indicar cuidadosamente posibles relaciones con el foro interno sacramental (art. 24 SST). Se unirán también otros delitos que eventualmente puedan ser atribuidos al acusado (cf. art. 8 § 2 SST) y se indicarán hechos problemáticos que emerjan en su perfil biográfico. Puede ser oportuno recoger testimonios y documentos, de cualquier tipo y proveniencia —incluidos los resultados de las investigaciones o de un proceso realizado por parte de las Autoridades civiles—, que puedan resultar verdaderamente útiles para fundamentar y acreditar la verosimilitud del contenido de la denuncia. También es posible indicar ya eventuales circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes previstas en la ley. Puede ser útil recoger testimonios de credibilidad referidos a los denunciantes y a las presuntas víctimas.

63. En el caso que, durante la investigación previa, se conozcan otras notitiae de delicto, esas deben discernirse y estudiarse en la misma investigación.

64. La obtención de los resultados de las investigaciones civiles pueden ser parte de la investigación previa canónica, prestando la debida atención a todos los elementos, civiles y canonicos, sobre todo, en relación a los tiempos de prescripción, a la tipificación del delito, a la edad de la víctima.

Actos jurídicos necesarios para comenzar la investigación previa.

65. Si el Ordinario competente, no tuviese la posibilidad de constituir Comisión Diocesana y/o Comisión Investigadora y considera oportuno servirse de otra persona idónea para realizar la investigación, debe elegir tomando en cuenta los criterios indicados en el can. 1428 §§ 1-2 CIC.

66. En el nombramiento de quien realiza la investigación, teniendo en cuenta la posibilidad de cooperación que pueden ofrecer los laicos según lo dispuesto por el can. 228 CIC (cf. art. 13 VELM), el Ordinario debe tener presente que, según el can. 1717 § 3 CIC, si después se realizará un proceso judicial penal, la misma persona no podrá desempeñar en dicho proceso la función de juez. La praxis sugiere que el mismo criterio se use para el nombramiento del Delegado y de los Asesores en el caso de un proceso extrajudicial.

67. Según el can. 1719 CIC, el Ordinario debe emitir un decreto de inicio de la investigación previa, en el que nombre a quien debe conducir la investigación e indicando en el texto que goza de los poderes que le atribuye el can. 1717 § 3 CIC.

68. Si bien la ley no lo prevé expresamente, es aconsejable que sea nombrado un notario sacerdote (cf. can. 483 § 2 CIC, que asista a quien realiza la investigación previa, con el fin de garantizar la fe pública de las actas (cf. can. 1437 § 2 CIC). Sin embargo, al no tratarse de actos procesales, la presencia del notario no es necesaria ad validitatem.

69. En la fase de la investigación previa no es condición el nombramiento de un promotor de justicia.

Actos complementarios se pueden o se deben ejecutar durante la investigación previa.

70. El can. 1717 § 2 CIC, y los arts. 4 § 2 y 5 § 2 VELM hacen referencia a la tutela de la buena fama de las personas implicadas —acusado, presuntas víctimas, testigos—, de modo que la denuncia no genere prejuicios, represalias o discriminaciones. Quien realiza la investigación previa debe por tanto estar particularmente atento, tomando todas las precauciones con este fin, puesto que la buena fama es un derecho de los fieles garantizado por el can. 220 CIC. Hay que señalar, sin embargo, que este cánon protege de la lesión ilegitima a tal derecho; por lo que, no constituye necesariamente una violación de la buena fama, si está en peligro el bien común, la difusión de noticias respecto a la existencia de una imputación.Además, las personas involucradas deben ser informadas que en el caso se produjese un secuestro judicial o una orden de entrega de las actas de la investigación por parte de la Autoridad civil, no será posible para la Iglesia garantizar la confidencialidad de las declaraciones o de la documentación adquirida en sede canónica.

71. De todas formas, sobre todo cuando se deban emitir comunicados públicos sobre el caso, es necesario tomar todas las precauciones para informar sobre los hechos, por ejemplo, usando un modo esencial y conciso, evitando anuncios clamorosos, absteniéndose de todo juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona denunciada—que será establecida por el proceso penal si este llega a realizarse, siendo el único al que corresponde verificar el fundamento de hechos denunciados—, respetando la voluntad de confidencialidad eventualmente manifestada por las presuntas víctimas.

72. Puesto que, como se ha dicho, en esta fase no se podrá definir la culpabilidad de la persona denunciada, se debe evitar con el máximo cuidado —en los comunicados públicos o en las comunicaciones privadas— cualquier afirmación en nombre de la Iglesia, del Instituto o de la Sociedad, o a título personal, que pudiera constituir una anticipación del juicio sobre el mérito de los hechos.

73. Recuérdese además que las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos referidos en el art. 6 SST están sujetos al secreto de oficio. Eso no impide que el denunciante —sobre todo si pretende dirigirse también a las Autoridades civiles— pueda hacer públicas sus propias acciones. Además, dado que no todas las formas de notitiae de delicto son denuncias, se podría eventualmente valorar, cuándo se está obligado al secreto, tendiendo siempre presente el respeto a la buena fama.

74. Al respecto, es necesario hacer mención de la eventual obligación, de parte del Ordinario, de comunicar a las Autoridades civiles la notitia de delicto recibida y de la investigación previa iniciada. Los principios aplicables son dos:

    •  se deben respetar las leyes vigentes (cf. art. 19 VELM);
    • se debe respetar la voluntad de la presunta víctima, siempre que esta no esté en contradicción con la legislación civil y en ningún modo se le debe disuadir de ejercer sus deberes y derechos ante las Autoridades estatales, más aún se le debe alentar a ello conservando cuidadosamente testimonio documental de esa sugerencia.

75. Siendo que la normativa boliviana prevé que quien conoce la existencia de un delito o posible delito, debe informar a las autoridades civiles; el Ordinario debe informar respecto a una notitia de delicto, incluso si se prevé que no se podrá iniciar un procedimiento civil por el trascurso del plazo de la prescripción o por ser diferentes los supuestos en la tipificación del delito. Respetando las disposiciones previstas para proteger a niños, niñas y adolescentes de la revicitimización y la voluntad de los denunciantes adultos.

76. Siempre que la Autoridad judicial civil emane una orden ejecutiva legítima solicitando la entrega de documentos relativos a las causas o dispongan el secuestro judicial de esos documentos, el Ordinario debe cooperar con las Autoridades civiles. Si hubiese dudas sobre la legitimidad de tal solicitud o secuestro, el Ordinario podrá consultar expertos legales sobre los recursos disponibles en el ordenamiento local. En todo caso es oportuno informar inmediatamente al Nuncio Apostólico o quiem estuviese en su lugar.

77. Cuando sea necesario escuchar a un menor o a una persona equiparada, debe comnsiderar la normativa dictada sobre niñez y adolescencia, como el uso de cámara gessel, evitar todo contacto con el denunciado y otros.

78. En la fase de la investigación previa, una tarea particularmente delicada reservada al Ordinario es decidir si informar de la misma al acusado y cuándo hacerlo. Para esta tarea, no existe un criterio uniforme, ni hay disposiciones explícitas de la ley. Es necesario valorar el conjunto de los bienes jurídicos que están en juego: además de la protección de la buena fama de las personas interesadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de contaminar la investigación previa, el escándalo de los fieles, o la oportunidad de recoger antes todos los elementos indiciarios que podrían ser útiles o necesarios.

79. Siempre que se decida escuchar a la persona denunciada, tratándose de una fase que antecede al proceso no es obligatorio nombrarle un abogado de oficio. Sin embargo, si la persona lo considera oportuno, podrá disponer de la asistencia de un abogado que haya elegido. Al investigado no se le puede imponer realizar un juramento (cf. ex analogía can. 1728 § 2 CIC).

80. Las Autoridades Eclesiásticas deben esforzarse para que la presunta víctima y su familia sean tratados con dignidad y respeto, y deben acogerlos y ofrecerles escucha y seguimiento, incluso a través de servicios específicos, así como asistencia espiritual, médica y psicológica, según cada caso concreto (cf. art. 5 VELM). Del mismo modo, se puede hacer respecto al acusado. Sin embargo, evítese dar la impresión de querer anticipar los resultados del proceso.

81. Es absolutamente necesario evitar en esta fase cualquier acto que pueda ser interpretado por las presuntas víctimas como un obstáculo al ejercicio de sus derechos civiles ante las Autoridades estatales.

82. Allí donde existan estructuras estatales o eclesiásticas de información y de apoyo a las presuntas víctimas, o de Asesoramiento para las Autoridades eclesiásticas, es conveniente acudir también a ellas. La única finalidad de estas estructuras es de consulta, orientación y asistencia, y sus análisis no constituyen en modo alguno decisiones de proceso canónico.

Decreto Inicial

83. La persona que denuncia debe ser tratada con todo respeto y, si el abuso sexual está relacionado con la dignidad del sacramento de la confesión, el denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote acusado ni a su superior. La denuncia se realizará ante la autoridad eclesiástica, en lo posible por escrito y debidamente firmada (c.1455). Quien denuncia tiene la obligación de demostrar la veracidad de lo que afirma, esto para evitar acusaciones infundadas.

84. Para dar comienzo a la investigación, el Ordinario debe dictar un Decreto en el que indique:

    •  Una noticia breve del motivo.
    •  La designación de un instructor que recoja las denuncias, los testimonios y otros elementos pruebas que acrediten o contradigan las “noticias verosímiles” que motivaron la investigación.
    •  La designación de un notario que dé fe de todas las actuaciones.

85. En la medida de lo posible, tanto el instructor como el notario han de ser clérigos. Pueden estar o no bajo la jurisdicción del Ordinario que ordena la investigación. En cualquier caso, puede recurrir a oficiales de los tribunales eclesiásticos bolivianos.

86. Esta investigación inicial sólo puede omitirse en el supuesto de que resulte superflua o innecesaria en virtud de la certeza acerca del delito cometido y de su autor (c.1717).

Recepción de la Denuncia

87. Debe facilitarse la posibilidad de recibir denuncias o declaraciones en la diócesis. Si alguien tiene noticia acerca de un eventual delito contra el sexto mandamiento cometido por un clérigo contra un menor, se debe solicitar a quien lo conoce, que realice la denuncia respectiva ante la autoridad eclesiástica, a fin de permitirle velar por el bien común y el bien de cada uno de los implicados, cumpliendo con las recomendaciones de San Pablo, de abordar estos problemas en el seno de la comunidad cristiana.

88. Para facilitar la entrega de denuncias, éstas pueden realizarse a través de la estructura normal de la Iglesia presente en toda Bolivia: Párrocos, decanos y vicarios episcopales, quienes las harán llegar a la autoridad eclesiástica competente, sin emitir ellos un juicio ni realizar averiguaciones para comprobar su veracidad.

89. En lo posible, las denuncias deben entregarse por escrito y firmadas, y deben ratificarse una vez iniciada la investigación previa. Las denuncias y declaraciones que se reciban estarán protegidas por el secreto que corresponda en esta fase, para salvaguardar el buen nombre de las personas, proteger a las víctimas y obtener todas las informaciones que sean necesarias (c. 1455 y Normae de gravioribus delictis, art. 30).

90. La obligación de derivar la comunicación de las denuncias al Ordinario, pesa gravemente sobre quienes reciben estas informaciones y no se deben retrasar bajo ninguna circunstancia. De acuerdo a las normas universales, en el caso de delitos cometidos durante o en ocasión del sacramento de la reconciliación (Normae de gravioribus delictis, art.24.1), previendo lo que puede suceder posteriormente, debe tenerse presente que no se puede dar a conocer el nombre del denunciante ni al acusado ni a su representante si el denunciante no ha dado expresamente su consentimiento. Pero ello no implica desconocer el cumplimiento de lo previsto por las leyes seculares, a las que se debe atender desde las etapas preliminares de los caso de abuso.

Información al interesado.

91. A no ser que razones graves aconsejen lo contrario, lo cual deberá consignarse expresamente en las actuaciones, el interesado será informado de la acusación presentada, para darle oportunidad de responder a ella. No obstante, el Ordinario juzgará prudencialmente qué información concreta le comunicará en esta fase del procedimiento.

 

 

V. Medidas cautelares.

92. Con el fin de tutelar la buena fama de las personas implicadas y el bien público, así como para evitar otros hechos —por ejemplo, la difusión del escándalo, el riesgo de que se oculten pruebas futuras, amenazas u otras conductas dirigidas a disuadir a la presunta víctima de ejercitar sus derechos, la tutela de otras posibles víctimas—, según el art. 19 SST el Ordinario tiene derecho, desde el inicio de la investigación previa, a imponer las medidas cautelares enumeradas en el can. 1722 CIC.

93. Las medidas cautelares enumeradas en estos cánones constituyen un elenco taxativo; es decir: se podrá elegir únicamente una o varias de entre ellas.

94. Esto no obsta que el Ordinario pueda imponer otras medidas disciplinares, en virtud de su autoridad que, sin embargo, no pueden ser definidas “medidas cautelares”, en sentido estricto.

95. Secreto pontificio. Conviene señalar que las causas referentes a delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) están sujetas al secreto pontificio. De manera que quien viole dicho secreto por dolo o negligencia grave provocando daño al acusado o a los testigos, a instancia de la parte afectada o de oficio, debe ser castigado por el Turno Superior de la CDF con una pena adecuada, establecidos en el Art. 30 del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela.

96. Dado que resulta frecuente el uso de la antigua terminología de la suspensión a divinis para indicar la prohibición del ejercicio del ministerio impuesto como medida cautelar a un clérigo, se debe evitar esta denominación, como también la de suspensión ad cautelam, porque en la vigente legislación la suspensión es una pena y en esta fase no puede ser impuesta todavía. La denominación correcta de la disposición será, por ejemplo, prohibición o limitación del ejercicio del ministerio.

97. Se debe evitar la opción de trasladar simplemente al clérigo implicado a otro oficio, jurisdicción o casa religiosa, considerando que su alejamiento del lugar del presunto delito o de las presuntas víctimas constituya una solución satisfactoria del caso.

98. Las medidas cautelares a las que se refieren estas Líneas Guía se imponen mediante un precepto singular legítimamente notificado (cf. can. 49 y ss. y 1319 CIC).

99. Recuérdese que, si se decidiera modificar o revocar las medidas cautelares, sería necesario realizarlo con el correspondiente decreto legítimamente notificado. No será necesario hacerlo, sin embargo, al final del eventual proceso, ya que entonces cesan en virtud del propio derecho.

100. Una vez comprobado que hay abuso de menores se ha de disponer medidas cautelares (can. 1722), tales como remover al culpable del delito del cargo u oficio eclesiástico de manera permanente.

Aunque no haya sido dimitido del estado clerical, el demandado culpable no puede hacer celebraciones en público. Se asegura sin embargo al clérigo acusado una justa y digna sustentación.

101. El ordinario no puede decretar penas perpetuas por medio de un decreto extrajudicial (can. 1342) y ha de dirigirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe para el juicio definitivo sobre su culpabilidad y la eventual idoneidad del clérigo para el ministerio, así como para la imposición de una pena perpetua. Las medidas pueden ser restringir el ejercicio público del ministerio excluyendo el contacto con los menores, o incluso la dimisión del estado clerical. En algunos casos, cuando lo pide el sacerdote por el bien de la iglesia, puede concederse la dispensa del celibato y demás obligaciones del estado clerical.

102. El Ordinario propio del clérigo que ha cometido el delito no puede cambiar al acusado del delito a otra jurisdicción, sino hacerse cargo del proceso hasta castigar el delito y buscar la enmienda del mismo.

Denuncia afecta a un miembro de Instituto de vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica.

103. En los casos en los que el acusado sea miembro de un Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica, de derecho pontificio, el Ordinario debe es el responsable de la investigación inicial, quien deberá informar cuanto antes del inicio de la investigación y de las eventuales medidas cautelares dispuestas, al Obispo u Obispos de la/s circunscripción/es en la que resida y en la/s que el denunciado ejerza su ministerio. El Obispo diocesano puede, a su vez, restringir al denunciado el ejercicio público del ministerio en su diócesis o bien apartarlo temporalmente en forma preventiva de oficios que en ella ejerza, hasta que se esclarezcan los hechos. De esto último, si fuera el caso, informará al Ordinario propio del acusado.

104. El instructor de esta fase inicial es un verdadero investigador. No se limitará a la mera recepción de las denuncias. Procurará determinar de forma escrita, con las iniciativas que prudentemente decida:

    •  Si los hechos denunciados existieron realmente y parecen haber constituido delito.
    •  Si el acusado es imputable de los presuntos delitos.
    •  Si el acusado tuvo relación con ellos.
    •  Si los acusadores gozan de credibilidad.
    •  Si las denuncias son concordantes, tanto en los relatos de las circunstancias de los hechos, como en su cronología.
    • Si los presuntos delitos se encuentran o no prescritos.
    • Si existen elementos (otros testimonios, contradicciones, etc.) que hagan dudar prudentemente de la veracidad de las imputaciones.
    • Si existen elementos o indicios que lleven a pensar en una acusación calumniosa.
 
 
 

VI. Conclusión de la Investigación Previa.

Memorial conclusivo del instructor

105. Concluida la investigación, el instructor redactará un memorial con su resultado y elevará todo lo actuado al Ordinario. Si las acusaciones se revelaron manifiestamente falsas, calumniosas o inverosímiles, éste ordenará su archivo (c.489). En estos casos, sobre todo si la investigación ha tomado estado público, importa mucho restablecer al acusado en su buena fama eventualmente lesionada; además, puede ser conveniente transmitir copia de las actuaciones a la CDF a modo de información.

Acusaciones carentes de fundamento, falsas o calumniosas

106. Asimismo, si las denuncias se revelaran manifiestamente falsas, el Ordinario verificará si no se encuentra ante los supuestos contemplados en el CDC can. 139020, y en el CCIO can. 1452 y 1454. El que ha sido acusado falsamente tiene estricto derecho a que su fama sea restablecida y que, eventualmente, se le compensen, también económicamente, las lesiones que pueda haber padecido por causa de la calumnia levantada en su contra.

107. Si la denuncia carecía de fundamento o era manifiestamente falsa: debe incluso considerarse si corresponde lo establecido en el can. 1390 §1, esto es, que incurre en entredicho latae sententiae quien denuncia falsamente ante un Superior eclesiástico a un confesor, por el delito de solicitación contra el sexto mandamiento (can. 1387), y si el denunciante fuera clérigo, también incurre en suspensión. Si se trata de otra denuncia calumniosa por algún delito, o lesión de la buena fama del prójimo a tenor del can. 1390 § 2, se puede sancionar con una pena justa y obligar a quien ha calumniado a dar la satisfacción conveniente (c. 1390 § 3).

Si la denuncia es verosímil

108. Debe procederse al envío de los antecedentes y disponer medidas cautelares acerca del oficio y el ejercicio ministerial del clérigo si no se ha hecho previamente. Dichas medidas deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejando ipso iure de tener vigor al terminar el proceso penal. Por ello, el Obispo debe proceder con particular cautela en la aplicación de las medidas antes indicadas, con el fin de no lesionar el buen nombre del denunciado.

Decreto conclusivo del ordinario.

109. Si de la investigación inicial se desprende que existen elementos como para iniciar un proceso penal, esta fase preliminar quedará concluida con un Decreto del Ordinario en el que constarán:

    • Los hechos denunciados y los elementos de prueba reunidos.
    •  La declaración del clérigo.
    •  Las medidas cautelares dispuestas.
    • La eventual renuncia del clérigo a sus oficios eclesiásticos.
    •  La eventual situación del clérigo acusado con relación al ordenamiento jurídico secular y sus eventuales consecuencias.
    •  La imputabilidad del acusado.
    •  La prescripción de los presuntos delitos.

Notificación del decreto conclusivo al acusado

110. Si bien en la etapa de investigación inicial el clérigo ha de ser informado de la acusación en su contra y debe haber sido escuchado, no corresponde aún la intervención de un abogado defensor. No obstante, el clérigo de modo personal puede recurrir a un asesor. Pero, en cualquier caso, ha de ser notificado del contenido del Decreto conclusivo.

Elevación y envío de antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe

111. El Ordinario elevará, de inmediato, copia autenticada de las actuaciones a la CDF. Mientras tanto, asegurará al clérigo acusado una justa y digna sustentación si se han tomado medidas cautelares que hayan tenido como consecuencia una modificación de su situación patrimonial y modo de vida.

112. Cuando los acusados fueren el Legado Pontificio, Obispos o clérigos que no tienen superior por debajo del Romano Pontífice, el procedimiento se reserva exclusivamente a la Santa Sede (c.1405)

113. Cada vez que el Ordinario reciba una noticia al menos verosímil de un delito más grave una vez hecha la investigación previa, debe presentarla a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la cual, si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al Ordinario proceder ulteriormente, sin perjuicio, en su caso, del derecho de apelar contra la sentencia de primer grado sólo al Supremo Tribunal de la misma Congregación.

114. La remisión de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe debe realizarse a través de la Nunciatura Apostólica, mediante una carta del Obispo diocesano en la cual manifieste su decisión acerca del envío de los antecedentes, refiriéndose a los hechos investigados, así como a la imputabilidad del clérigo, y su parecer a la Congregación acerca de los pasos a seguir. Debe asimismo pronunciarse acerca de la posibilidad de perseverancia en el ministerio del clérigo, así como las medidas adoptadas desde que recibió la denuncia hasta el envío de los antecedentes, para velar por la seguridad de otros menores.

115. Es conveniente que se incluya la actitud de disponibilidad del clérigo hacia la investigación, su admisión o rechazo respecto de los hechos que se le imputan, así como su cumplimiento relativo a las disposiciones tomadas para prevenir cualquier eventual riesgo hacia otros menores. Es oportuno que el Obispo se refiera acerca del relato del menor o de sus representantes, y acompañe los documentos que acrediten tal condición, así como también conviene que indique cómo se ha acompañado a las víctimas y sus familiares, el escándalo producido en la comunidad, el contexto nacional y la situación de la investigación. Finalmente, debe constar un elenco de los documentos que se acompañan, entre los que deben estar los decretos emitidos por la autoridad tanto al inicio como al término de la investigación.

116. De acuerdo a la normativa vigente, luego de la evaluación de los antecedentes aportados, la Congregación para la Doctrina de la Fe decide entre diversas alternativas:

    • Si considera que no hay mérito suficiente para iniciar un proceso canónico, debe decretar el archivo de los antecedentes entregados;
    • Si estima que es necesario recabar más información a fin de tomar una decisión, debe solicitarlo así al Ordinario y posteriormente decidir en base a todos los antecedentes;
    • Decretar que se inicie un proceso canónico en la sede de la Congregación, avocando para sí la causa en un proceso judicial;
    • En ciertos casos puede, de oficio o a instancia del Ordinario, decidir que se proceda por decreto extrajudicial, considerando que las penas expiatorias perpetuas sean irrogadas solamente con mandato de la Congregación;
    • Presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

Envío de las actuaciones a la congregación para la Doctrina de la Fe.

117. Si la acusación de abuso sexual de menores se considera verosímil, el Ordinario propio del clérigo ha de transmitir a la Congregación para la Doctrina de la Fe todos los actos de la causa juntamente con su parecer y la petitio correspondiente y cumplir luego las indicaciones ulteriores de la congregación. Se ha de tutelar siempre el bien de la iglesia y el bien de las víctimas.

118. La copia autenticada de las actuaciones se enviará a la CDF por el medio más seguro, preferentemente por intermedio de la Nunciatura Apostólica.

119. El expediente o “dossier” debe ir acompañado por una carta del Obispo, en la que hará constar:

    • Los hechos y las circunstancias que los rodearon.
    • La presunta imputabilidad del acusado.
    • La actitud del acusado durante la investigación.
    • Las medidas cautelares dispuestas.
    • Las medidas dispuestas en orden a salvaguardar la buena fama del clérigo y la intimidad de los denunciantes.
    • Las medidas adoptadas para atender eventualmente la situación de las presuntas víctimas;
    • Si se produjo escándalo en la comunidad.
    • Si las acusaciones tuvieron trascendencia en los medios.
    • La situación del clérigo ante el ordenamiento jurídico secular.
    • El resultado de eventuales exámenes periciales efectuados al acusado y a las presuntas víctimas (haciendo constar la antropología científica empleada por los peritos).
    • Su parecer acerca de la conveniencia de un proceso administrativo-penal o bien de un proceso judicial. En este segundo caso, manifestará si existen especiales circunstancias que parecieran hacer conveniente que la CDF se avoque la causa.
    •  Si estima que la gravedad del caso y el carácter incontrovertible de las pruebas hace necesario recurrir a lo previsto en el art. 21 §2, 2o de SST 2010 (dimisión ex officio del estado clerical o deposición).
    • El dossier se completa con los datos personales y el curriculum completo del acusado, la especificación de cada acusación, su respuesta ante las acusaciones y cuál es su sostenimiento económico.
    • El votum del Ordinario.

 

Respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

  •  

120. La respuesta de la CDF puede determinar una entre seis posibilidades:

    • La inexistencia de mérito suficiente para iniciar un proceso canónico.
    • Requerir información complementaria, por estimar que lo enviado es insuficiente para tomar una decisión.
    • Decretar la iniciación de un proceso en la sede de la misma CDF, avocándose la causa (nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet) del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, ya sea judicial o administrativa.
    • Ordenar proceder localmente mediante un proceso administrativo-penal (Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela.Art.21).
    • Ordenar el inicio de un proceso judicial en sede local.
    • Decretar que se presentará al Santo Padre el pedido de dimisión del estado clerical o deposición, junto con la dispensa de la ley de celibato.
 

 

VII. Reglas Generales.

Salvaguarda de la buena fama de los interesados.

121. El instructor actuará de acuerdo con lo establecido en los can. 1719-1720 del CDC y los can. 1468-1470 del CCIO. En cualquier caso, tanto él como el notario guardarán el debido secreto sobre lo actuado y buscarán salvaguardar la buena fama de todos los interesados

Actas certificadas por el notario.

122. De todo lo investigado se levantará acta por escrito, en folios correlativos, fechados y firmados por quienes intervengan, con intervención del notario (que ha de estar presente y dar fe con su firma en todas las actuaciones y en cada uno de los folios).

Posibilidad de otros delitos.

123. Si en el curso de la investigación surge la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos, el instructor pondrá de inmediato la novedad en conocimiento del Ordinario, quien decidirá si éstos se investigan en el mismo o en otro procedimiento.

En el caso que un clérigo admita su conducta

124. Para colaborar en la decisión de la autoridad eclesiástica correspondiente, es necesario que dicha admisión conste por escrito antes del envío de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En su reconocimiento escrito, el clérigo debe proporcionar una relación de los hechos sucedidos, indicando entre otras menciones, si se arrepiente de lo sucedido y se compromete a no continuar en dicha conducta, así como su disposición a renunciar al oficio que está ejerciendo, y si acepta la invitación verbal del Obispo a limitar el ejercicio de la potestad de orden a la celebración privada de la Eucaristía o bien, manifestar su actitud respecto de las medidas cautelares ya dispuestas. Para que la autoridad eclesiástica pueda decidir en esta situación, debe también constar si el clérigo que ha admitido su conducta se compromete a residir dentro del territorio de la diócesis, si acepta una adecuada ayuda espiritual y psicológica que le permita discernir su situación sobre su intención de perseverar en el ministerio o no, y su intención de colaborar en el proceso que instruya la Santa Sede, así como también debe indicar que se compromete a presentarse a la justicia secular cuando sea requerido.

Presunción de inocencia.

125. Salvo que el clérigo acusado haya reconocido los hechos y su responsabilidad, durante la investigación inicial y hasta la finalización del eventual proceso penal (ya sea administrativo o judicial) el acusado goza de la presunción de inocencia y, por tanto, tiene derecho a que se respete su buena fama y su intimidad, que no han de ser lesionadas en modo alguno. En el respeto de tales normas, el Ordinario ofrecerá al acusado ayuda espiritual y/o psicológica; sin embargo su negativa a recibirla no puede tomarse como presunción en su contra.

Ayuda a las presuntas victimas

126. De modo similar, el Ordinario debe ofrecer ayuda espiritual y/o psicológica a las presuntas víctimas. A estos efectos, será conveniente contar con personal ciertamente competente —formado en una recta concepción antropológica y en recta doctrina católica— al que pueda recurrir de modo inmediato.

Caso de clérigos con hijos

127. En caso de constar que un sacerdote tuvo un hijo con una menor de 18 años, ya no es necesaria la investigación previa, correspondiendo tomar las cautelas necesarias y proceder a la recopilación de los antecedentes que deben enviarse a la Congregación para la doctrina de la Fe, Se le instará al clérigo a reconocer voluntariamente al hijo y asumir los deberes que señala la ley.

Cautelas necesarias

128. Los responsables de la admisión de candidatos al sacerdocio diocesano y religioso, en el discernimiento vocacional, han de tomar en cuenta que “no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañen a los jóvenes” (Juan Pablo II, discurso a los Cardenales Americanos de 23 de abril de 2002, n3)

Colaboración con la Autoridad Secular en relación a la legislación boliviana aplicable a los procesos en Sede Ordinaria

129. Las autoridades eclesiásticas respetan el ordenamiento jurídico boliviano vigente y actuaran conforme a mismo.

130. El concepto de “Abuso sexual de menores” debe coincidir con la definicion del Artículo 6 del Motu proprio Sacramentum Sanctitatis Tutela, la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta las leyes seculares del Estado.

131. Los delitos de índole sexual están tipificados en el Código Penal Boliviano, bajo el Título XI “Delitos Contra la Libertad Sexual” (Arts. 308 – 325), estos delitos son de Orden Público y por ende quién ayude a eludir la acción de la justicia u obstaculice su acción, incurrirá en el delito de Encubrimiento (Art. 171 C.Pen).

132. El bien jurídico protegido en el Título XI es la libertad sexual, además de los valores de decencia sexual pública, el uso de la violencia, el engaño o la ausencia de conciencia en la victima. La violación de niño, niña y adolescente (Art.308Bis, C.Pen) tiene los mismos elementos constitutivos de la violación sin embargo el tipo penal se configura así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. La edad de la víctima excluye todo consentimiento de ella. Asimismo entre las agravantes de la pena se establecen entre otras: si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad (Ar. 310 C.Pen).

Cuidado Pastoral.

El cuidado pastoral de las víctimas.

133. El objetivo principal de la autoridad ha de ser el cuidado pastoral y atención humana de los menores víctimas de los abusos. Una vez comprobado el abuso sexual, el ordinario propio del clérigo ha de designar una persona idónea para que se encargue del cuidado de la víctima y para ofrecerle la asistencia espiritual y psicológica necesaria, manifestando cercanía y solidaridad con las víctimas de los abusos y sus familiares.

134. Los formadores a la vida sacerdotal y religiosa, como medida preventiva, han de advertir a los formados del peligro los abusos sexuales a menores. A demás, han de amonestar que personas con esas tendencias no pueden ser aceptados en la vida religiosa ni sacerdotal: De la misma manera, tienen que prevenir especialmente de los comportamientos no aceptados, como los toques indecentes, o demostraciones, etc. inapropiadas de afecto tanto en público como en privado.

VIII. La Prescripción.

135. Según el motu proprio de Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010 la prescripción de 20 años, en caso de abuso a menores, se comienza a contar desde el momento en que la víctima cumpla los 18 de edad. La congregación para la doctrina de la Fe puede derogar la prescripción para casos particulares.

136. Para los delitos contra el sexto mandamiento, existen plazos de prescripción de la acción criminal que se han modificado notablemente con el tiempo. Los plazos actualmente vigentes los define el art. 7 SST. estableciendo que el plazo de la prescripción de la acción criminal es de 20 años, salvando siempre el derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de poder derogarlo (el mismo art. 7 § 1 SST permite a la CDF derogar la prescripción para casos particulares), el Ordinario que haya constatado que los plazos para la prescripción ya han transcurrido, deberá igualmente dar curso a la notitia de delicto y si fuera el caso a la investigación previa, comunicando los resultados a la CDF, pues es la única a la que corresponde juzgar si mantener o derogar la prescripción. Cuando trasmitan las actas puede ser útil que el Ordinario expresen su opinión respecto a la oportunidad de la derogación, motivándola en razón de las circunstancias —por ejemplo, el estado de salud o edad del clérigo, la posibilidad del mismo de ejercitar su derecho de defensa, el daño provocado por la presunta acción criminal, el escándalo originado.

137. Para las delicadas acciones preliminares, el Ordinario puede recurrir al consejo de la CDF — algo que puede hacerse en cualquier momento de la tramitación de un caso—, así como consultar libremente a expertos en materia penal canónica, con el cuidado de evitar cualquier inoportuna e ilícita difusión de información al público que pueda perjudicar la eventual investigación previa que se estuviera siguiendo o dar la impresión de haber ya definido con certeza los hechos o la culpabilidad del clérigo en cuestión.

138. En esta etapa ya se tiene la obligación de observar el secreto de oficio. Sin embargo, debe tenerse presente que no se puede imponer ningún vínculo de silencio respecto a los hechos a quien realiza la denuncia, a la persona que afirma haber sido ofendida, ni a los testigos.

139. Al amparo del art. 2 § 3 VELM, el Ordinario que haya recibido la notitia de delicto debe transmitirla sin demora al Ordinario del lugar donde hayan ocurrido los hechos, asimismo al Ordinario propio de la persona denunciada: en el caso de un religioso, a su Superior Mayor y en el caso de un diocesano, al Ordinario de la diócesis. Siempre que el Ordinario del lugar y el Ordinario propio no sean la misma persona, es importante que tomen contacto entre ellos para concordar quién realizará la investigación. En el caso de que la señalación se refiera a un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, el superior mayor informará además al supremo moderador y, en el caso de institutos y sociedades de derecho diocesano, también al Obispo de referencia.

Los Obispos de Bolivia