Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte del Clérigo

Actualizadas en atención a la Carta Apostólica dictada en forma de “Motu proprio” por el S.P. Francisco “Vos estis lux mundi” – Noviembre de 2021

Introducción

1. En comunión con la Iglesia Universal, la Iglesia en México quiere dejar plasmado como prioridad, por un lado, la protección de las niñas, niños y adolescentes1, así como los que tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad, y por otro, la integridad del ministerio ordenado. Asimismo, se compromete con los criterios de transparencia, de cooperación y sentido de la responsabilidad expresados por los Romanos Pontífices. Entre las concreciones de estos principios, las Líneas Guía detallan la grave responsabilidad que recae sobre los Obispos y Superiores Mayores en no permitir el traslado a otra Diócesis o Instituto de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica (IVC y SVA), de aquellos clérigos acusados y/o denunciados de abuso sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes, como de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad. Igualmente el compromiso y la plena disposición a la cooperación con la sociedad y con las autoridades del Estado Mexicano ante estos graves delitos.

2. Siguiendo la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y debido a la problemática que se ha suscitado en la Iglesia por clérigos que han cometido abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes y de quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o la voluntad, se han elaborado estas Líneas Guía por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para seguir el procedimiento adecuado y propiciar la certeza moral y jurídica sobre los actos u omisiones de quienes hayan cometido tan lamentable delito, y darles un tratamiento justo, que pueda llegar hasta la dimisión del estado clerical; así como ofrecer a las víctimas un trato digno y los medios necesarios para la posible reparación del daño causado a la luz de los derechos como niñas, niños y adolescentes2.

3. Reconocemos que en el pasado, por diversas circunstancias no se actuó como era debido. Por otra parte, se debe poner atención a los casos de algunas personas que haciéndose pasar por víctimas han inventado un abuso sexual para sacar o intentar obtener un beneficio económico o para manchar y dañar la reputación del clérigo.

4. Para entender con justicia, caridad y verdad, este tipo de delitos aberrantes, presentamos las Líneas Guía que servirán como norma obligatoria en la Iglesia de México, estableciendo en forma pormenorizada el procedimiento que deben seguir los Obispos Diocesanos y los Superiores Mayores, ante acusaciones o denuncias de abusos, conforme a la normativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y acatando siempre lo que al respecto establecen las leyes del Estado Mexicano.

5. Las personas y las familias en México deben estar seguros que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijas e hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de niñas, niños, adolescentes3.

 

I. Principios fundamentales

La protección de niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad.

6. Es necesario que a nadie le quede duda o confusión alguna acerca de la obligación que tienen los Obispos y Superiores Mayores de proteger a las niñas, niños y adolescentes y a quienes habitualmente tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad. Por este motivo, movidos por el amor a la Iglesia y a la verdad sobre las enseñanzas del Señor Jesús, los Obispos y Superiores Mayores harán cuanto sea necesario y esté a su alcance con justicia y equidadpara evitar los males que provienen de los graves delitos que algunos clérigos o fieles colaboradores de la Iglesia pudieran cometer contra los más pequeños e indefensos.

7. Para organizar ambientes seguros y la protección de las niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad en aras de un futuro mejor, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) impulsará en las Diócesis y en las Provincias Eclesiásticas centros adecuados, precisamente para la protección de las niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad.

Estarán dirigidos por personal competente y destinados a la comunidad en general, a la formación de los seminaristas, a la formación permanente del clero y a la formación de otros colaboradores de la pastoral.

Integridad del ministerio

8. El abuso sexual a niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad por parte del clero, tanto diocesano como miembros de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (IVC y SVA), ha causado gran dolor a las víctimas, así como escándalo y daño inestimable a la Iglesia. Estos escándalos son una llamada a los clérigos y demás agentes de pastoral a mantenerse vigilantes y actuar con transparencia, honestidad, justicia, humildad, santidad y cooperación con el Estado Mexicano.

Compromiso con la transparencia y sentido de la responsabilidad

9. Los Obispos y Superiores Mayores, por el bien de las niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad, de la comunidad herida y del mismo abusador se comprometen a actuar con total transparencia y sentido de la responsabilidad, conforme lo expresado por los últimos Romanos Pontífices, para evitar estos delitos abominables asumiendo el principio de tolerancia cero.

10. Corresponde al Obispo diocesano y a los Superiores Mayores la tarea de verificar que dentro de las parroquias y en las otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, y de quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o voluntad. Como expresión del deber de la Iglesia de manifestar la compasión de Jesús a los que han sufrido abuso sexual y a sus familias; se insta a las Diócesis y a los Institutos de Vida Consagrada y a las Sociedades de Vida Apostólica (IVC y SVA) a establecer programas y contar con profesionistas de servicios psicológicos y espirituales4.

Cooperación con la sociedad en general y con las autoridades del estado mexicano

11. Entre las responsabilidades de los Obispos y de los Superiores Mayores, para asegurar el bien común de los fieles, especialmente la protección de las niñas, niños y adolescentes, y de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad, está el deber de dar respuesta pronta y adecuada a los eventuales casos de abuso sexual. Para estar en posibilidad de dar esta respuesta, se debe aplicar el Derecho Canónico en la materia y, al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta lo que establecen al respecto las leyes del Estado Mexicano5.

12. Para efectos del Código de Derecho Canónico (CIC) se debe establecer que es éste el abuso sexual que cae bajo la jurisdicción de la Iglesia y se entiende por abuso sexual cualquier delito cometido por un clérigo contra el sexto mandamiento del decálogo con una niña, niño o adolescente que todavía no cumple 18 años o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón y/o la voluntad. Se incluye dentro del abuso sexual todo comportamiento pecaminoso, verbal o corporal de naturaleza sexual. Para que se configure el delito canónico basta un solo acto.6

En el Estado Mexicano se considera abuso sexual infantil o pederastia, toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder.7

Acerca de la prescripción

13. Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) de derogar la prescripción para casos singulares, la acción criminal relativa a los delitos reservados a la misma, se extingue por prescripción a los 20 años.

En el delito del que se trata en el art. 6 § 1 número 1, la prescripción comienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años.8

En cuanto al término de la prescripción del delito de abuso sexual conforme a las leyes del Estado Mexicano se debe aplicar lo que establece cada Entidad Federativa y el Distrito Federal en su respectivo Código Penal.

Material pedo-pornográfico

14. Asimismo, queda especificado como delito canónico reservado a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), la adquisición, posesión y distribución, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de niñas, niños y adolescentes de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo, en cualquier forma y con cualquier instrumento.9 Las imágenes pueden ser: dibujos, fotografías o videos.

En esta materia, el Estado Mexicano en su marco jurídico contempla como delito entre otros el denominado corrupción de menores e incapaces, así como pornografía infantil y prostitución sexual de menores, respectivamente.10

La pederastia en el Código Penal Federal de México

15. El Código Penal Federal en su artículo 209 bis, establece como sanciones para el delito de pederastia, una pena de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2,250 días de multa a quien obligue, induzca o convenza a un menor de 18 años a ejecutar cualquier acto sexual.

Las penas aumentarán en una mitad en caso de uso de violencia física por parte del responsable. El autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, o cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

 

II. Aspectos generales

16. La Iglesia en México, centra su atención en las víctimas y sus familias. Obispos y Superiores Mayores, tendrán como prioridad escucharlos y atender con prontitud sus

17. A los familiares y adultos alrededor de la víctima, se les exhorta a no prejuzgar considerando que ésta miente, lo que agrava el problema. En cambio, si a la víctima se le provee de un ambiente seguro, en el que se le escucha y apoya, ésta se sentirá fortalecida y ayudada a sanar sus heridas.

“Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida”.11

 18. Frente a las víctimas se actuará con diligencia e inmediatamente con el propósito de corregir las injusticias del pasado, afrontando las cuestiones relacionadas con el abuso de niñas, niños, adolescentes o de quienes tienen uso imperfecto de la razón y/o voluntad, conforme a las exigencias de la justicia y las enseñanzas del Evangelio, asumiendo, al mismo tiempo, un camino de curación, renovación y reparación de los posibles daños, con valentía y determinación.12

Derecho de la víctima a intervenir en el proceso canónico

19. La víctima o su representante tiene derecho a intervenir en el proceso canónico como parte perjudicada. El ambiente seguro de las víctimas para evitar su re victimización debe ser la primera y más importante decisión. Asimismo, las víctimas cuentan con todos los derechos que les otorgan las leyes del Estado Mexicano. Derecho a terapia y a demandar una reparación de los daños causados.

20. La asistencia pastoral y la terapia, cuando corresponda se ofrecerán mediante Centros Especializados para la protección de las niñas, niños, adolescentes o quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o voluntad en orden a la reparación del daño. La víctima tiene derecho a recibir todo el apoyo espiritual, moral, psicológico y cualquier otro que se contemple en las leyes del Estado Mexicano.

El Estado Mexicano establece que el primer responsable en orden a la efectiva reparación del daño en favor de la víctima es el sentenciado plenamente culpable y en los casos en que se niegue o no pueda garantizar ni cumplir con la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado Mexicano proporcionará esos servicios a la víctima.13 Por justicia, de manera subsidiaria, las Asociaciones Religiosas están obligadas a colaborar en la reparación del daño en favor de la víctima.14

21. En los casos de abuso sexual comprobado y del conocimiento del público en general, es necesario el apoyo a la comunidad en la que el victimario ejercía sus tareas o ministerio. Los Obispos y Superiores Mayores buscarán modos adecuados para dar una atención pastoral a la comunidad ofendida.

Asistencia pastoral al acusado o denunciado y a su familia

Terapia y asistencia pastoral del acusado o denunciado

22. La mejor manera de asistir al acusado o denunciado es ayudarle a enfrentar la falta o el posible delito cometido. Deberá someterse a un programa terapéutico inspirado en los modernos protocolos clínicos especialmente elaborados para tratar patologías.

23. En la medida de lo posible cada Diócesis contará con psiquiatras y psicólogos especialistas en temas relacionados de abuso sexual, sin excluir la posibilidad de terapia en Centros Especializados para sacerdotes a nivel de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) o de las Provincias Eclesiásticas.

Derechos procesales del acusado o denunciado

24. Los derechos del clérigo acusado o denunciado deben ser respetados de acuerdo a la justicia natural, la legislación del Estado y el Derecho Canónico. En todos los casos tiene derecho a una defensa adecuada desde la investigación previa y el derecho a la presunción de inocencia desde el

inicio de cualquier procedimiento penal ante las autoridades del estado Mexicano.

En cualquier momento del procedimiento disciplinar o penal se debe asegurar al clérigo acusado una justa y digna sustentación tal como lo prevé la ley eclesiástica.

Rehabilitación del clérigo acusado o denunciado falsamente y atención pastoral

25. Cuando no se compruebe una acusación o denuncia falsa en contra de un clérigo, se deberá restablecer el buen nombre, derechos, buena fama, habilitación en el ministerio, integración a la comunidad, del clérigo o el miembro de un Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica (IVC y SVA). Se deberá asistir y acompañar al mismo, a su familia, y a los demás clérigos.

Se excluye la reintegración en el ministerio

26. Queda excluida la reintegración al ministerio o el traslado a otra Diócesis, Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica (IVC o SVA) en caso de que el clérigo culpable represente un peligro para las niñas, niños y adolescentes o exista riesgo de escándalo para la comunidad de acuerdo a los informes que corresponda.

La formación de los futuros clérigos y religiosos

27. En los seminarios y casas de formación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (IVC o SVA) debe ser reforzada la formación en las dimensiones humana, afectiva, moral, espiritual, legal, intelectual y pastoral con la ayuda que ofrecen las disciplinas humanas, asegurando así la protección de las niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o voluntad.

Discernimiento vocacional

28. Téngase particular cuidado en el acompañamiento y discernimiento de las vocaciones sacerdotales, de modo que únicamente ingresen a los seminarios los candidatos que manifiesten los signos mínimos e indispensables de idoneidad para asumir un proceso 15 Considérense también oportunamente los diversos orígenes familiares, sociales y culturales de los candidatos, de modo que se les asegure un acompañamiento personalizado.

29. El ministerio sacerdotal, entendido y vivido como conformación a Cristo Esposo y Buen Pastor, reclama unas cualidades, además de virtudes morales y teologales, que deben estar regidas por el equilibrio humano y psíquico, particularmente afectivo, de forma que permita al sujeto estar dispuesto de manera adecuada a una donación de sí verdaderamente libre en relación con los fieles, según una vida celibataria.16

Dimensión Humana

30. “La dimensión humana es el fundamento indispensable de toda la formación sacerdotal. Con ella el Seminario Mayor persigue en continuidad con las etapas anteriores la formación gradual de hombres maduros, responsables y equilibrados, fieles a su condición humana y cristiana, honestos y veraces, capaces de obrar en libertad, ecuánimes, aptos para tomar decisiones bien ponderadas, virtuosos, disciplinados y alegres, que se esfuercen por reflejar en sí mismos la perfección humana que brilla en el Hijo de Dios hecho hombre, a fin de que, desde una actitud de diálogo que lleve a la comunión, sirvan de puente y no de obstáculo a los demás en el encuentro con Jesucristo Redentor del hombre”.17

 31. “Los formadores estén atentos al proceso personal de cada formando, para acompañarlos y discernir a tiempo los casos de inadecuada identidad psicosexual, falta de sentido de la verdad y la justicia, o cualquier otro desequilibrio de la personalidad que los haga no aptos para la vida y el ministerio sacerdotal.

Téngase en cuenta que la promoción de candidatos no idóneos compromete no sólo el bienestar y la realización de las personas interesadas, sino también de la Iglesia, incluso puede llegar a tener repercusiones penales, canónicas y/o civiles”. 18

Dimensión Espiritual

32. La formación espiritual de los futuros pastores, entendida como camino de santificación en el amor a Cristo y a la Iglesia, ha de orientarse a su progresiva y gradual configuración con Cristo cabeza de la Iglesia, Profeta, Sacerdote y Servidor, a través de un seguimiento radical a su persona y a su Evangelio, bajo la guía del Espíritu Santo, persuadidos de que el ministerio pastoral, fiel e incansablemente vivido, será la fuente primera de su santificación.19 Esto requiere que antes los seminaristas se hayan encontrado vitalmente con Cristo Resucitado y hayan iniciado un proceso de identificación como sus discípulos misioneros.

La Castidad y el Celibato

33. “Con el fin de unirse al Señor, Pastor y Esposo de la Iglesia, con un amor indiviso, y capacitarse para hacer todo para todos(1 Cor 9,23) en su ministerio sacerdotal, los candidatos al sacerdocio han de ser educados y acompañados con el máximo cuidado en un proceso gradual que los disponga para asumir y vivir el celibato por el Reino de los Cielos, como una respuesta radical y evangélica para seguir más de cerca a Cristo, considérenlo como un don de Dios que ha de ser pedido con fe y humildad, acogido con generosidad y vivido con alegría, como un valor que los configura con Cristo y como una opción por un amor más grande a Él y a su Iglesia… y no simplemente como una norma canónica ni como una condición extrínseca al ministerio Con la ayuda de una sana psicología, conozcan a fondo sus motivaciones y sus emociones más profundas, para llegar a vivir con gozo y plenitud su entrega total definitiva y exclusiva al señor y a su Iglesia”.20

Intercambio de información entre seminarios y casas de formación

34. “Se debe dar particular atención al necesario intercambio de información sobre los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada que se trasladan de un seminario a otro, de una Diócesis a otra, o de un Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica (IVC o SVA) a una Diócesis.”21

Formación y acompañamiento a los clérigos

El Obispo, Padre y Hermano

35. El Obispo debe conocer a sus presbíteros, oírlos como a sus cooperadores y consejeros, defender sus derechos y cuidar que cumplan sus obligaciones clericales.22 Por tal motivo, recibirá siempre a sus sacerdotes en el momento en que ellos lo necesiten, pues para el Obispo debe ser prioridad, sobre todas las cosas, la atención a sus presbíteros, a quienes debe tratar como sus verdaderos hermanos e hijos.23

Importancia de la oración 

36. Elemento esencial es la lectura meditada y orante de la Palabra de Dios, lectio divina; que es la escucha humilde y llena de amor que se hace elocuente. En efecto, a la luz y con la Palabra de Dios es como puede descubrirse, comprenderse, amarse y seguirse la propia vocación, y también cumplirse la propia misión. La forma primera y fundamental de respuesta a la Palabra es la oración. Esta debe llevar a un encuentro vivo y personal con el Padre por medio del Hijo Unigénito bajo la acción del Espíritu. Un aspecto, ciertamente no secundario, de la misión del sacerdote es el de ser maestro de oración. Y, el culmen de la oración cristiana es la Eucaristía, que a su vez es la cumbre y la fuente de los Sacramentos y de la Liturgia de las horas.24

Importancia de la dirección espiritual y celibato

37. El director espiritual que todo sacerdote y religioso debe tener es una ayuda a mantener la autodisciplina, como también la aceptación de la soledad, la vivencia alegre del celibato y un correcto estado personal físico y psicológico.25

38. Los Obispos y los Superiores Mayores deben recordar la obligación, que tienen los presbíteros libremente aceptada en el mismo momento de la Ordenaciónde observar la perfecta y perpetua continencia por el Reino de los Cielos. En general, deben siempre vigilar a fin de que el presbítero sea fiel en el cumplimiento de los propios deberes ministeriales.26 También, deberán con toda contundencia prevenir el delito entre su presbiterio y su feligresía,27 garantizando así ambientes seguros para las niñas, niños, adolescentes y de quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o voluntad.

Fraternidad sacerdotal

39. La fraternidad sacerdotal es un medio eficaz que favorece la fidelidad sacerdotal, surge y deriva de la comunión de todos en el ministerio pascual del Señor, en la misma fe, en la misma verdad, en la misma ley y en la misma oración, como uno de los grandes pilares del cristianismo. La fraternidad sacerdotal nacerá de la común participación de todos en el sacramento del Orden, esto es, en el sacerdocio ministerial de Cristo.

Prohibición de traslado de clérigos acusados

40. Queda terminantemente prohibido el traslado de clérigos acusados o denunciados de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y de quienes tienen un uso imperfecto de la razón y/o voluntad. Concierne al Obispo y al Superior Mayor, antes de recibir a un no incardinado en su Iglesia solicite información de vita et moribus a la Diócesis, al Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica (IVC o SVA) a quo.28

Responsabilidad penal ante la comisión de delitos

41. Todo clérigo deberá responder personalmente de aquellos actos u omisiones que pertenecen a su vida privada como ciudadanos o habitantes del Estado Mexicano o a su vida clerical. Por lo tanto, la Diócesis o Instituto de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica (IVC y SVA), no serán jurídicamente responsables de las acciones u omisiones realizadas por los clérigos acusados o denunciados cuando estos transgreden las normas canónicas, penales o civiles. 

Cooperación con la autoridad civil

42. Siempre será importante cooperar con las autoridades del Estado Mexicano en los diferentes niveles de gobierno. La carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) precisa sin perjuicio del foro interno o sacramental que se observen los enunciados o disposiciones de las leyes del Estado Mexicano en lo referente a informar hechos probablemente delictivos de que se tenga conocimiento a las legítimas autoridades de dicho Estado en todos los casos de abuso sexual cometidos por clérigos, con independencia de que tales hechos hayan sido cometidos en ejercicio de su culto o en las instalaciones eclesiásticas.

Es deber colaborar con las autoridades competentes, proporcionándoles la información recabada en nuestros Tribunales Eclesiásticos, siempre y cuando medie un mandato judicial o del Ministerio Público debidamente fundado y motivado.29

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México

43. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que los ministros del culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a las que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos, apunta el artículo 12 bis.

“Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes del Estado Mexicano, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares canónicas y civiles, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables”.30

 44. La Iglesia respeta, valora y coopera con el trabajo de los tribunales de justicia laicos y no obstaculiza su actuación. Todo habitante y ciudadano debe reconocer el derecho de los tribunales de justicia de investigar los eventuales delitos por incumplimiento de las leyes, de someter a juicio o de condenar, máxime cuando se trata de delitos graves. Nada absolutamente exime a un clérigo de responder por sus actos u omisiones ante la justicia civil o penal del Estado

Código Penal de cada Entidad Federativa en la República Mexicana

45. Se pide a cada Obispo y Superior Mayor que con base en la Entidad Federativa en la que esté circunscrita su Diócesis y lo mismo a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (IVC y SVA), que integren y mantengan actualizado a este ordenamiento lo que los respectivos Códigos Penales y demás leyes establezcan sobre el capítulo de delitos contra la libertad y seguridad sexual y/o abuso sexual, siendo su obligación darlo a conocer a sus presbiterios.

 

III. Proceso canónico.

Investigación previa

¿Quién recibe la denuncia?

 

 

IV. Fase preliminar: Investigación Previa.

61. La investigación previa se realiza según los criterios y las modalidades indicadas en el can. 1717 CIC, SST y VELM. Debe tenerse presente que la investigación previa no es un proceso, y que su finalidad no es alcanzar la certeza moral sobre el desarrollo de los hechos que son el objeto de la denuncia. Sirve para:

a) para recoger datos útiles que sirvan para profundizar la notitia de delicto; y

b) para acreditar la verosimilitud, o sea para definir lo que se denomina fumus delicti, es decir, el fundamento suficiente de hecho y de derecho que permita suponer verosímil el contenido de la denuncia.

62. Para esto, como indican los cánones citados, la investigación previa debe recoger información más detallada respecto a la notitia de delicto en relación a los hechos, las circunstancias y la imputabilidad de los mismos. No es necesario realizar ya en esta fase una recogida minuciosa de elementos de prueba —testimonios, pericias—, tarea que corresponderá después al eventual proceso penal que pueda realizarse posteriormente. Lo importante es reconstruir, en la medida de lo posible, los hechos sobre los que se fundamenta la imputación, el número y el tiempo de las conductas delictivas, sus circunstancias, los datos personales de las presuntas víctimas, añadiendo una evaluación preliminar del eventual daño físico, psíquico y moral acarreado. Se deberá indicar cuidadosamente posibles relaciones con el foro interno sacramental (art. 24 SST). Se unirán también otros delitos que eventualmente puedan ser atribuidos al acusado (cf. art. 8 § 2 SST) y se indicarán hechos problemáticos que emerjan en su perfil biográfico. Puede ser oportuno recoger testimonios y documentos, de cualquier tipo y proveniencia —incluidos los resultados de las investigaciones o de un proceso realizado por parte de las Autoridades civiles—, que puedan resultar verdaderamente útiles para fundamentar y acreditar la verosimilitud del contenido de la denuncia. También es posible indicar ya eventuales circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes previstas en la ley. Puede ser útil recoger testimonios de credibilidad referidos a los denunciantes y a las presuntas víctimas.

63. En el caso que, durante la investigación previa, se conozcan otras notitiae de delicto, esas deben discernirse y estudiarse en la misma investigación.

64. La obtención de los resultados de las investigaciones civiles pueden ser parte de la investigación previa canónica, prestando la debida atención a todos los elementos, civiles y canonicos, sobre todo, en relación a los tiempos de prescripción, a la tipificación del delito, a la edad de la víctima.

Actos jurídicos necesarios para comenzar la investigación previa.

65. Si el Ordinario competente, no tuviese la posibilidad de constituir Comisión Diocesana y/o Comisión Investigadora y considera oportuno servirse de otra persona idónea para realizar la investigación, debe elegir tomando en cuenta los criterios indicados en el can. 1428 §§ 1-2 CIC.

66. En el nombramiento de quien realiza la investigación, teniendo en cuenta la posibilidad de cooperación que pueden ofrecer los laicos según lo dispuesto por el can. 228 CIC (cf. art. 13 VELM), el Ordinario debe tener presente que, según el can. 1717 § 3 CIC, si después se realizará un proceso judicial penal, la misma persona no podrá desempeñar en dicho proceso la función de juez. La praxis sugiere que el mismo criterio se use para el nombramiento del Delegado y de los Asesores en el caso de un proceso extrajudicial.

67. Según el can. 1719 CIC, el Ordinario debe emitir un decreto de inicio de la investigación previa, en el que nombre a quien debe conducir la investigación e indicando en el texto que goza de los poderes que le atribuye el can. 1717 § 3 CIC.

68. Si bien la ley no lo prevé expresamente, es aconsejable que sea nombrado un notario sacerdote (cf. can. 483 § 2 CIC, que asista a quien realiza la investigación previa, con el fin de garantizar la fe pública de las actas (cf. can. 1437 § 2 CIC). Sin embargo, al no tratarse de actos procesales, la presencia del notario no es necesaria ad validitatem.

69. En la fase de la investigación previa no es condición el nombramiento de un promotor de justicia.

Actos complementarios se pueden o se deben ejecutar durante la investigación previa.

70. El can. 1717 § 2 CIC, y los arts. 4 § 2 y 5 § 2 VELM hacen referencia a la tutela de la buena fama de las personas implicadas —acusado, presuntas víctimas, testigos—, de modo que la denuncia no genere prejuicios, represalias o discriminaciones. Quien realiza la investigación previa debe por tanto estar particularmente atento, tomando todas las precauciones con este fin, puesto que la buena fama es un derecho de los fieles garantizado por el can. 220 CIC. Hay que señalar, sin embargo, que este cánon protege de la lesión ilegitima a tal derecho; por lo que, no constituye necesariamente una violación de la buena fama, si está en peligro el bien común, la difusión de noticias respecto a la existencia de una imputación.Además, las personas involucradas deben ser informadas que en el caso se produjese un secuestro judicial o una orden de entrega de las actas de la investigación por parte de la Autoridad civil, no será posible para la Iglesia garantizar la confidencialidad de las declaraciones o de la documentación adquirida en sede canónica.

71. De todas formas, sobre todo cuando se deban emitir comunicados públicos sobre el caso, es necesario tomar todas las precauciones para informar sobre los hechos, por ejemplo, usando un modo esencial y conciso, evitando anuncios clamorosos, absteniéndose de todo juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de la persona denunciada—que será establecida por el proceso penal si este llega a realizarse, siendo el único al que corresponde verificar el fundamento de hechos denunciados—, respetando la voluntad de confidencialidad eventualmente manifestada por las presuntas víctimas.

72. Puesto que, como se ha dicho, en esta fase no se podrá definir la culpabilidad de la persona denunciada, se debe evitar con el máximo cuidado —en los comunicados públicos o en las comunicaciones privadas— cualquier afirmación en nombre de la Iglesia, del Instituto o de la Sociedad, o a título personal, que pudiera constituir una anticipación del juicio sobre el mérito de los hechos.

73. Recuérdese además que las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos referidos en el art. 6 SST están sujetos al secreto de oficio. Eso no impide que el denunciante —sobre todo si pretende dirigirse también a las Autoridades civiles— pueda hacer públicas sus propias acciones. Además, dado que no todas las formas de notitiae de delicto son denuncias, se podría eventualmente valorar, cuándo se está obligado al secreto, tendiendo siempre presente el respeto a la buena fama.

74. Al respecto, es necesario hacer mención de la eventual obligación, de parte del Ordinario, de comunicar a las Autoridades civiles la notitia de delicto recibida y de la investigación previa iniciada. Los principios aplicables son dos:

    •  se deben respetar las leyes vigentes (cf. art. 19 VELM);
    • se debe respetar la voluntad de la presunta víctima, siempre que esta no esté en contradicción con la legislación civil y en ningún modo se le debe disuadir de ejercer sus deberes y derechos ante las Autoridades estatales, más aún se le debe alentar a ello conservando cuidadosamente testimonio documental de esa sugerencia.

75. Siendo que la normativa boliviana prevé que quien conoce la existencia de un delito o posible delito, debe informar a las autoridades civiles; el Ordinario debe informar respecto a una notitia de delicto, incluso si se prevé que no se podrá iniciar un procedimiento civil por el trascurso del plazo de la prescripción o por ser diferentes los supuestos en la tipificación del delito. Respetando las disposiciones previstas para proteger a niños, niñas y adolescentes de la revicitimización y la voluntad de los denunciantes adultos.

76. Siempre que la Autoridad judicial civil emane una orden ejecutiva legítima solicitando la entrega de documentos relativos a las causas o dispongan el secuestro judicial de esos documentos, el Ordinario debe cooperar con las Autoridades civiles. Si hubiese dudas sobre la legitimidad de tal solicitud o secuestro, el Ordinario podrá consultar expertos legales sobre los recursos disponibles en el ordenamiento local. En todo caso es oportuno informar inmediatamente al Nuncio Apostólico o quiem estuviese en su lugar.

77. Cuando sea necesario escuchar a un menor o a una persona equiparada, debe comnsiderar la normativa dictada sobre niñez y adolescencia, como el uso de cámara gessel, evitar todo contacto con el denunciado y otros.

78. En la fase de la investigación previa, una tarea particularmente delicada reservada al Ordinario es decidir si informar de la misma al acusado y cuándo hacerlo. Para esta tarea, no existe un criterio uniforme, ni hay disposiciones explícitas de la ley. Es necesario valorar el conjunto de los bienes jurídicos que están en juego: además de la protección de la buena fama de las personas interesadas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de contaminar la investigación previa, el escándalo de los fieles, o la oportunidad de recoger antes todos los elementos indiciarios que podrían ser útiles o necesarios.

79. Siempre que se decida escuchar a la persona denunciada, tratándose de una fase que antecede al proceso no es obligatorio nombrarle un abogado de oficio. Sin embargo, si la persona lo considera oportuno, podrá disponer de la asistencia de un abogado que haya elegido. Al investigado no se le puede imponer realizar un juramento (cf. ex analogía can. 1728 § 2 CIC).

80. Las Autoridades Eclesiásticas deben esforzarse para que la presunta víctima y su familia sean tratados con dignidad y respeto, y deben acogerlos y ofrecerles escucha y seguimiento, incluso a través de servicios específicos, así como asistencia espiritual, médica y psicológica, según cada caso concreto (cf. art. 5 VELM). Del mismo modo, se puede hacer respecto al acusado. Sin embargo, evítese dar la impresión de querer anticipar los resultados del proceso.

81. Es absolutamente necesario evitar en esta fase cualquier acto que pueda ser interpretado por las presuntas víctimas como un obstáculo al ejercicio de sus derechos civiles ante las Autoridades estatales.

82. Allí donde existan estructuras estatales o eclesiásticas de información y de apoyo a las presuntas víctimas, o de Asesoramiento para las Autoridades eclesiásticas, es conveniente acudir también a ellas. La única finalidad de estas estructuras es de consulta, orientación y asistencia, y sus análisis no constituyen en modo alguno decisiones de proceso canónico.

Decreto Inicial

83. La persona que denuncia debe ser tratada con todo respeto y, si el abuso sexual está relacionado con la dignidad del sacramento de la confesión, el denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote acusado ni a su superior. La denuncia se realizará ante la autoridad eclesiástica, en lo posible por escrito y debidamente firmada (c.1455). Quien denuncia tiene la obligación de demostrar la veracidad de lo que afirma, esto para evitar acusaciones infundadas.

84. Para dar comienzo a la investigación, el Ordinario debe dictar un Decreto en el que indique:

    •  Una noticia breve del motivo.
    •  La designación de un instructor que recoja las denuncias, los testimonios y otros elementos pruebas que acrediten o contradigan las “noticias verosímiles” que motivaron la investigación.
    •  La designación de un notario que dé fe de todas las actuaciones.

85. En la medida de lo posible, tanto el instructor como el notario han de ser clérigos. Pueden estar o no bajo la jurisdicción del Ordinario que ordena la investigación. En cualquier caso, puede recurrir a oficiales de los tribunales eclesiásticos bolivianos.

86. Esta investigación inicial sólo puede omitirse en el supuesto de que resulte superflua o innecesaria en virtud de la certeza acerca del delito cometido y de su autor (c.1717).

Recepción de la Denuncia

87. Debe facilitarse la posibilidad de recibir denuncias o declaraciones en la diócesis. Si alguien tiene noticia acerca de un eventual delito contra el sexto mandamiento cometido por un clérigo contra un menor, se debe solicitar a quien lo conoce, que realice la denuncia respectiva ante la autoridad eclesiástica, a fin de permitirle velar por el bien común y el bien de cada uno de los implicados, cumpliendo con las recomendaciones de San Pablo, de abordar estos problemas en el seno de la comunidad cristiana.

88. Para facilitar la entrega de denuncias, éstas pueden realizarse a través de la estructura normal de la Iglesia presente en toda Bolivia: Párrocos, decanos y vicarios episcopales, quienes las harán llegar a la autoridad eclesiástica competente, sin emitir ellos un juicio ni realizar averiguaciones para comprobar su veracidad.

89. En lo posible, las denuncias deben entregarse por escrito y firmadas, y deben ratificarse una vez iniciada la investigación previa. Las denuncias y declaraciones que se reciban estarán protegidas por el secreto que corresponda en esta fase, para salvaguardar el buen nombre de las personas, proteger a las víctimas y obtener todas las informaciones que sean necesarias (c. 1455 y Normae de gravioribus delictis, art. 30).

90. La obligación de derivar la comunicación de las denuncias al Ordinario, pesa gravemente sobre quienes reciben estas informaciones y no se deben retrasar bajo ninguna circunstancia. De acuerdo a las normas universales, en el caso de delitos cometidos durante o en ocasión del sacramento de la reconciliación (Normae de gravioribus delictis, art.24.1), previendo lo que puede suceder posteriormente, debe tenerse presente que no se puede dar a conocer el nombre del denunciante ni al acusado ni a su representante si el denunciante no ha dado expresamente su consentimiento. Pero ello no implica desconocer el cumplimiento de lo previsto por las leyes seculares, a las que se debe atender desde las etapas preliminares de los caso de abuso.

Información al interesado.

91. A no ser que razones graves aconsejen lo contrario, lo cual deberá consignarse expresamente en las actuaciones, el interesado será informado de la acusación presentada, para darle oportunidad de responder a ella. No obstante, el Ordinario juzgará prudencialmente qué información concreta le comunicará en esta fase del procedimiento.

 

 

V. Medidas cautelares.

92. Con el fin de tutelar la buena fama de las personas implicadas y el bien público, así como para evitar otros hechos —por ejemplo, la difusión del escándalo, el riesgo de que se oculten pruebas futuras, amenazas u otras conductas dirigidas a disuadir a la presunta víctima de ejercitar sus derechos, la tutela de otras posibles víctimas—, según el art. 19 SST el Ordinario tiene derecho, desde el inicio de la investigación previa, a imponer las medidas cautelares enumeradas en el can. 1722 CIC.

93. Las medidas cautelares enumeradas en estos cánones constituyen un elenco taxativo; es decir: se podrá elegir únicamente una o varias de entre ellas.

94. Esto no obsta que el Ordinario pueda imponer otras medidas disciplinares, en virtud de su autoridad que, sin embargo, no pueden ser definidas “medidas cautelares”, en sentido estricto.

95. Secreto pontificio. Conviene señalar que las causas referentes a delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) están sujetas al secreto pontificio. De manera que quien viole dicho secreto por dolo o negligencia grave provocando daño al acusado o a los testigos, a instancia de la parte afectada o de oficio, debe ser castigado por el Turno Superior de la CDF con una pena adecuada, establecidos en el Art. 30 del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela.

96. Dado que resulta frecuente el uso de la antigua terminología de la suspensión a divinis para indicar la prohibición del ejercicio del ministerio impuesto como medida cautelar a un clérigo, se debe evitar esta denominación, como también la de suspensión ad cautelam, porque en la vigente legislación la suspensión es una pena y en esta fase no puede ser impuesta todavía. La denominación correcta de la disposición será, por ejemplo, prohibición o limitación del ejercicio del ministerio.

97. Se debe evitar la opción de trasladar simplemente al clérigo implicado a otro oficio, jurisdicción o casa religiosa, considerando que su alejamiento del lugar del presunto delito o de las presuntas víctimas constituya una solución satisfactoria del caso.

98. Las medidas cautelares a las que se refieren estas Líneas Guía se imponen mediante un precepto singular legítimamente notificado (cf. can. 49 y ss. y 1319 CIC).

99. Recuérdese que, si se decidiera modificar o revocar las medidas cautelares, sería necesario realizarlo con el correspondiente decreto legítimamente notificado. No será necesario hacerlo, sin embargo, al final del eventual proceso, ya que entonces cesan en virtud del propio derecho.

100. Una vez comprobado que hay abuso de menores se ha de disponer medidas cautelares (can. 1722), tales como remover al culpable del delito del cargo u oficio eclesiástico de manera permanente.

Aunque no haya sido dimitido del estado clerical, el demandado culpable no puede hacer celebraciones en público. Se asegura sin embargo al clérigo acusado una justa y digna sustentación.

101. El ordinario no puede decretar penas perpetuas por medio de un decreto extrajudicial (can. 1342) y ha de dirigirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe para el juicio definitivo sobre su culpabilidad y la eventual idoneidad del clérigo para el ministerio, así como para la imposición de una pena perpetua. Las medidas pueden ser restringir el ejercicio público del ministerio excluyendo el contacto con los menores, o incluso la dimisión del estado clerical. En algunos casos, cuando lo pide el sacerdote por el bien de la iglesia, puede concederse la dispensa del celibato y demás obligaciones del estado clerical.

102. El Ordinario propio del clérigo que ha cometido el delito no puede cambiar al acusado del delito a otra jurisdicción, sino hacerse cargo del proceso hasta castigar el delito y buscar la enmienda del mismo.

Denuncia afecta a un miembro de Instituto de vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica.

103. En los casos en los que el acusado sea miembro de un Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica, de derecho pontificio, el Ordinario debe es el responsable de la investigación inicial, quien deberá informar cuanto antes del inicio de la investigación y de las eventuales medidas cautelares dispuestas, al Obispo u Obispos de la/s circunscripción/es en la que resida y en la/s que el denunciado ejerza su ministerio. El Obispo diocesano puede, a su vez, restringir al denunciado el ejercicio público del ministerio en su diócesis o bien apartarlo temporalmente en forma preventiva de oficios que en ella ejerza, hasta que se esclarezcan los hechos. De esto último, si fuera el caso, informará al Ordinario propio del acusado.

104. El instructor de esta fase inicial es un verdadero investigador. No se limitará a la mera recepción de las denuncias. Procurará determinar de forma escrita, con las iniciativas que prudentemente decida:

    •  Si los hechos denunciados existieron realmente y parecen haber constituido delito.
    •  Si el acusado es imputable de los presuntos delitos.
    •  Si el acusado tuvo relación con ellos.
    •  Si los acusadores gozan de credibilidad.
    •  Si las denuncias son concordantes, tanto en los relatos de las circunstancias de los hechos, como en su cronología.
    • Si los presuntos delitos se encuentran o no prescritos.
    • Si existen elementos (otros testimonios, contradicciones, etc.) que hagan dudar prudentemente de la veracidad de las imputaciones.
    • Si existen elementos o indicios que lleven a pensar en una acusación calumniosa.
 
 
 

VI. Conclusión de la Investigación Previa.

Memorial conclusivo del instructor

105. Concluida la investigación, el instructor redactará un memorial con su resultado y elevará todo lo actuado al Ordinario. Si las acusaciones se revelaron manifiestamente falsas, calumniosas o inverosímiles, éste ordenará su archivo (c.489). En estos casos, sobre todo si la investigación ha tomado estado público, importa mucho restablecer al acusado en su buena fama eventualmente lesionada; además, puede ser conveniente transmitir copia de las actuaciones a la CDF a modo de información.

Acusaciones carentes de fundamento, falsas o calumniosas

106. Asimismo, si las denuncias se revelaran manifiestamente falsas, el Ordinario verificará si no se encuentra ante los supuestos contemplados en el CDC can. 139020, y en el CCIO can. 1452 y 1454. El que ha sido acusado falsamente tiene estricto derecho a que su fama sea restablecida y que, eventualmente, se le compensen, también económicamente, las lesiones que pueda haber padecido por causa de la calumnia levantada en su contra.

107. Si la denuncia carecía de fundamento o era manifiestamente falsa: debe incluso considerarse si corresponde lo establecido en el can. 1390 §1, esto es, que incurre en entredicho latae sententiae quien denuncia falsamente ante un Superior eclesiástico a un confesor, por el delito de solicitación contra el sexto mandamiento (can. 1387), y si el denunciante fuera clérigo, también incurre en suspensión. Si se trata de otra denuncia calumniosa por algún delito, o lesión de la buena fama del prójimo a tenor del can. 1390 § 2, se puede sancionar con una pena justa y obligar a quien ha calumniado a dar la satisfacción conveniente (c. 1390 § 3).

Si la denuncia es verosímil

108. Debe procederse al envío de los antecedentes y disponer medidas cautelares acerca del oficio y el ejercicio ministerial del clérigo si no se ha hecho previamente. Dichas medidas deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejando ipso iure de tener vigor al terminar el proceso penal. Por ello, el Obispo debe proceder con particular cautela en la aplicación de las medidas antes indicadas, con el fin de no lesionar el buen nombre del denunciado.

Decreto conclusivo del ordinario.

109. Si de la investigación inicial se desprende que existen elementos como para iniciar un proceso penal, esta fase preliminar quedará concluida con un Decreto del Ordinario en el que constarán:

    • Los hechos denunciados y los elementos de prueba reunidos.
    •  La declaración del clérigo.
    •  Las medidas cautelares dispuestas.
    • La eventual renuncia del clérigo a sus oficios eclesiásticos.
    •  La eventual situación del clérigo acusado con relación al ordenamiento jurídico secular y sus eventuales consecuencias.
    •  La imputabilidad del acusado.
    •  La prescripción de los presuntos delitos.

Notificación del decreto conclusivo al acusado

110. Si bien en la etapa de investigación inicial el clérigo ha de ser informado de la acusación en su contra y debe haber sido escuchado, no corresponde aún la intervención de un abogado defensor. No obstante, el clérigo de modo personal puede recurrir a un asesor. Pero, en cualquier caso, ha de ser notificado del contenido del Decreto conclusivo.

Elevación y envío de antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe

111. El Ordinario elevará, de inmediato, copia autenticada de las actuaciones a la CDF. Mientras tanto, asegurará al clérigo acusado una justa y digna sustentación si se han tomado medidas cautelares que hayan tenido como consecuencia una modificación de su situación patrimonial y modo de vida.

112. Cuando los acusados fueren el Legado Pontificio, Obispos o clérigos que no tienen superior por debajo del Romano Pontífice, el procedimiento se reserva exclusivamente a la Santa Sede (c.1405)

113. Cada vez que el Ordinario reciba una noticia al menos verosímil de un delito más grave una vez hecha la investigación previa, debe presentarla a la Congregación de la Doctrina de la Fe, la cual, si no avoca a sí misma la causa por circunstancias particulares, ordenará al Ordinario proceder ulteriormente, sin perjuicio, en su caso, del derecho de apelar contra la sentencia de primer grado sólo al Supremo Tribunal de la misma Congregación.

114. La remisión de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe debe realizarse a través de la Nunciatura Apostólica, mediante una carta del Obispo diocesano en la cual manifieste su decisión acerca del envío de los antecedentes, refiriéndose a los hechos investigados, así como a la imputabilidad del clérigo, y su parecer a la Congregación acerca de los pasos a seguir. Debe asimismo pronunciarse acerca de la posibilidad de perseverancia en el ministerio del clérigo, así como las medidas adoptadas desde que recibió la denuncia hasta el envío de los antecedentes, para velar por la seguridad de otros menores.

115. Es conveniente que se incluya la actitud de disponibilidad del clérigo hacia la investigación, su admisión o rechazo respecto de los hechos que se le imputan, así como su cumplimiento relativo a las disposiciones tomadas para prevenir cualquier eventual riesgo hacia otros menores. Es oportuno que el Obispo se refiera acerca del relato del menor o de sus representantes, y acompañe los documentos que acrediten tal condición, así como también conviene que indique cómo se ha acompañado a las víctimas y sus familiares, el escándalo producido en la comunidad, el contexto nacional y la situación de la investigación. Finalmente, debe constar un elenco de los documentos que se acompañan, entre los que deben estar los decretos emitidos por la autoridad tanto al inicio como al término de la investigación.

116. De acuerdo a la normativa vigente, luego de la evaluación de los antecedentes aportados, la Congregación para la Doctrina de la Fe decide entre diversas alternativas:

    • Si considera que no hay mérito suficiente para iniciar un proceso canónico, debe decretar el archivo de los antecedentes entregados;
    • Si estima que es necesario recabar más información a fin de tomar una decisión, debe solicitarlo así al Ordinario y posteriormente decidir en base a todos los antecedentes;
    • Decretar que se inicie un proceso canónico en la sede de la Congregación, avocando para sí la causa en un proceso judicial;
    • En ciertos casos puede, de oficio o a instancia del Ordinario, decidir que se proceda por decreto extrajudicial, considerando que las penas expiatorias perpetuas sean irrogadas solamente con mandato de la Congregación;
    • Presentar directamente casos gravísimos a la decisión del Sumo Pontífice en vista de la dimisión del estado clerical o la deposición junto con la dispensa de la ley del celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

Envío de las actuaciones a la congregación para la Doctrina de la Fe.

117. Si la acusación de abuso sexual de menores se considera verosímil, el Ordinario propio del clérigo ha de transmitir a la Congregación para la Doctrina de la Fe todos los actos de la causa juntamente con su parecer y la petitio correspondiente y cumplir luego las indicaciones ulteriores de la congregación. Se ha de tutelar siempre el bien de la iglesia y el bien de las víctimas.

118. La copia autenticada de las actuaciones se enviará a la CDF por el medio más seguro, preferentemente por intermedio de la Nunciatura Apostólica.

119. El expediente o “dossier” debe ir acompañado por una carta del Obispo, en la que hará constar:

    • Los hechos y las circunstancias que los rodearon.
    • La presunta imputabilidad del acusado.
    • La actitud del acusado durante la investigación.
    • Las medidas cautelares dispuestas.
    • Las medidas dispuestas en orden a salvaguardar la buena fama del clérigo y la intimidad de los denunciantes.
    • Las medidas adoptadas para atender eventualmente la situación de las presuntas víctimas;
    • Si se produjo escándalo en la comunidad.
    • Si las acusaciones tuvieron trascendencia en los medios.
    • La situación del clérigo ante el ordenamiento jurídico secular.
    • El resultado de eventuales exámenes periciales efectuados al acusado y a las presuntas víctimas (haciendo constar la antropología científica empleada por los peritos).
    • Su parecer acerca de la conveniencia de un proceso administrativo-penal o bien de un proceso judicial. En este segundo caso, manifestará si existen especiales circunstancias que parecieran hacer conveniente que la CDF se avoque la causa.
    •  Si estima que la gravedad del caso y el carácter incontrovertible de las pruebas hace necesario recurrir a lo previsto en el art. 21 §2, 2o de SST 2010 (dimisión ex officio del estado clerical o deposición).
    • El dossier se completa con los datos personales y el curriculum completo del acusado, la especificación de cada acusación, su respuesta ante las acusaciones y cuál es su sostenimiento económico.
    • El votum del Ordinario.

 

Respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

  •  

120. La respuesta de la CDF puede determinar una entre seis posibilidades:

    • La inexistencia de mérito suficiente para iniciar un proceso canónico.
    • Requerir información complementaria, por estimar que lo enviado es insuficiente para tomar una decisión.
    • Decretar la iniciación de un proceso en la sede de la misma CDF, avocándose la causa (nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet) del Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, ya sea judicial o administrativa.
    • Ordenar proceder localmente mediante un proceso administrativo-penal (Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela.Art.21).
    • Ordenar el inicio de un proceso judicial en sede local.
    • Decretar que se presentará al Santo Padre el pedido de dimisión del estado clerical o deposición, junto con la dispensa de la ley de celibato.
 

 

VII. Reglas Generales.

Salvaguarda de la buena fama de los interesados.

121. El instructor actuará de acuerdo con lo establecido en los can. 1719-1720 del CDC y los can. 1468-1470 del CCIO. En cualquier caso, tanto él como el notario guardarán el debido secreto sobre lo actuado y buscarán salvaguardar la buena fama de todos los interesados

Actas certificadas por el notario.

122. De todo lo investigado se levantará acta por escrito, en folios correlativos, fechados y firmados por quienes intervengan, con intervención del notario (que ha de estar presente y dar fe con su firma en todas las actuaciones y en cada uno de los folios).

Posibilidad de otros delitos.

123. Si en el curso de la investigación surge la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos, el instructor pondrá de inmediato la novedad en conocimiento del Ordinario, quien decidirá si éstos se investigan en el mismo o en otro procedimiento.

En el caso que un clérigo admita su conducta

124. Para colaborar en la decisión de la autoridad eclesiástica correspondiente, es necesario que dicha admisión conste por escrito antes del envío de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En su reconocimiento escrito, el clérigo debe proporcionar una relación de los hechos sucedidos, indicando entre otras menciones, si se arrepiente de lo sucedido y se compromete a no continuar en dicha conducta, así como su disposición a renunciar al oficio que está ejerciendo, y si acepta la invitación verbal del Obispo a limitar el ejercicio de la potestad de orden a la celebración privada de la Eucaristía o bien, manifestar su actitud respecto de las medidas cautelares ya dispuestas. Para que la autoridad eclesiástica pueda decidir en esta situación, debe también constar si el clérigo que ha admitido su conducta se compromete a residir dentro del territorio de la diócesis, si acepta una adecuada ayuda espiritual y psicológica que le permita discernir su situación sobre su intención de perseverar en el ministerio o no, y su intención de colaborar en el proceso que instruya la Santa Sede, así como también debe indicar que se compromete a presentarse a la justicia secular cuando sea requerido.

Presunción de inocencia.

125. Salvo que el clérigo acusado haya reconocido los hechos y su responsabilidad, durante la investigación inicial y hasta la finalización del eventual proceso penal (ya sea administrativo o judicial) el acusado goza de la presunción de inocencia y, por tanto, tiene derecho a que se respete su buena fama y su intimidad, que no han de ser lesionadas en modo alguno. En el respeto de tales normas, el Ordinario ofrecerá al acusado ayuda espiritual y/o psicológica; sin embargo su negativa a recibirla no puede tomarse como presunción en su contra.

Ayuda a las presuntas victimas

126. De modo similar, el Ordinario debe ofrecer ayuda espiritual y/o psicológica a las presuntas víctimas. A estos efectos, será conveniente contar con personal ciertamente competente —formado en una recta concepción antropológica y en recta doctrina católica— al que pueda recurrir de modo inmediato.

Caso de clérigos con hijos

127. En caso de constar que un sacerdote tuvo un hijo con una menor de 18 años, ya no es necesaria la investigación previa, correspondiendo tomar las cautelas necesarias y proceder a la recopilación de los antecedentes que deben enviarse a la Congregación para la doctrina de la Fe, Se le instará al clérigo a reconocer voluntariamente al hijo y asumir los deberes que señala la ley.

Cautelas necesarias

128. Los responsables de la admisión de candidatos al sacerdocio diocesano y religioso, en el discernimiento vocacional, han de tomar en cuenta que “no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañen a los jóvenes” (Juan Pablo II, discurso a los Cardenales Americanos de 23 de abril de 2002, n3)

Colaboración con la Autoridad Secular en relación a la legislación boliviana aplicable a los procesos en Sede Ordinaria

129. Las autoridades eclesiásticas respetan el ordenamiento jurídico boliviano vigente y actuaran conforme a mismo.

130. El concepto de “Abuso sexual de menores” debe coincidir con la definicion del Artículo 6 del Motu proprio Sacramentum Sanctitatis Tutela, la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta las leyes seculares del Estado.

131. Los delitos de índole sexual están tipificados en el Código Penal Boliviano, bajo el Título XI “Delitos Contra la Libertad Sexual” (Arts. 308 – 325), estos delitos son de Orden Público y por ende quién ayude a eludir la acción de la justicia u obstaculice su acción, incurrirá en el delito de Encubrimiento (Art. 171 C.Pen).

132. El bien jurídico protegido en el Título XI es la libertad sexual, además de los valores de decencia sexual pública, el uso de la violencia, el engaño o la ausencia de conciencia en la victima. La violación de niño, niña y adolescente (Art.308Bis, C.Pen) tiene los mismos elementos constitutivos de la violación sin embargo el tipo penal se configura así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. La edad de la víctima excluye todo consentimiento de ella. Asimismo entre las agravantes de la pena se establecen entre otras: si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia o autoridad (Ar. 310 C.Pen).

Cuidado Pastoral.

El cuidado pastoral de las víctimas.

133. El objetivo principal de la autoridad ha de ser el cuidado pastoral y atención humana de los menores víctimas de los abusos. Una vez comprobado el abuso sexual, el ordinario propio del clérigo ha de designar una persona idónea para que se encargue del cuidado de la víctima y para ofrecerle la asistencia espiritual y psicológica necesaria, manifestando cercanía y solidaridad con las víctimas de los abusos y sus familiares.

134. Los formadores a la vida sacerdotal y religiosa, como medida preventiva, han de advertir a los formados del peligro los abusos sexuales a menores. A demás, han de amonestar que personas con esas tendencias no pueden ser aceptados en la vida religiosa ni sacerdotal: De la misma manera, tienen que prevenir especialmente de los comportamientos no aceptados, como los toques indecentes, o demostraciones, etc. inapropiadas de afecto tanto en público como en privado.

VIII. La Prescripción.

135. Según el motu proprio de Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010 la prescripción de 20 años, en caso de abuso a menores, se comienza a contar desde el momento en que la víctima cumpla los 18 de edad. La congregación para la doctrina de la Fe puede derogar la prescripción para casos particulares.

136. Para los delitos contra el sexto mandamiento, existen plazos de prescripción de la acción criminal que se han modificado notablemente con el tiempo. Los plazos actualmente vigentes los define el art. 7 SST. estableciendo que el plazo de la prescripción de la acción criminal es de 20 años, salvando siempre el derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de poder derogarlo (el mismo art. 7 § 1 SST permite a la CDF derogar la prescripción para casos particulares), el Ordinario que haya constatado que los plazos para la prescripción ya han transcurrido, deberá igualmente dar curso a la notitia de delicto y si fuera el caso a la investigación previa, comunicando los resultados a la CDF, pues es la única a la que corresponde juzgar si mantener o derogar la prescripción. Cuando trasmitan las actas puede ser útil que el Ordinario expresen su opinión respecto a la oportunidad de la derogación, motivándola en razón de las circunstancias —por ejemplo, el estado de salud o edad del clérigo, la posibilidad del mismo de ejercitar su derecho de defensa, el daño provocado por la presunta acción criminal, el escándalo originado.

137. Para las delicadas acciones preliminares, el Ordinario puede recurrir al consejo de la CDF — algo que puede hacerse en cualquier momento de la tramitación de un caso—, así como consultar libremente a expertos en materia penal canónica, con el cuidado de evitar cualquier inoportuna e ilícita difusión de información al público que pueda perjudicar la eventual investigación previa que se estuviera siguiendo o dar la impresión de haber ya definido con certeza los hechos o la culpabilidad del clérigo en cuestión.

138. En esta etapa ya se tiene la obligación de observar el secreto de oficio. Sin embargo, debe tenerse presente que no se puede imponer ningún vínculo de silencio respecto a los hechos a quien realiza la denuncia, a la persona que afirma haber sido ofendida, ni a los testigos.

139. Al amparo del art. 2 § 3 VELM, el Ordinario que haya recibido la notitia de delicto debe transmitirla sin demora al Ordinario del lugar donde hayan ocurrido los hechos, asimismo al Ordinario propio de la persona denunciada: en el caso de un religioso, a su Superior Mayor y en el caso de un diocesano, al Ordinario de la diócesis. Siempre que el Ordinario del lugar y el Ordinario propio no sean la misma persona, es importante que tomen contacto entre ellos para concordar quién realizará la investigación. En el caso de que la señalación se refiera a un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, el superior mayor informará además al supremo moderador y, en el caso de institutos y sociedades de derecho diocesano, también al Obispo de referencia.

Los Obispos de Bolivia